Casillero

“No son los deberes lo que quitan a un hombre la independencia: son los compromisos.” Louis de Bonald Como usted recordará, amable lector, en febrero pasado y producto de las lluvias que cayeron en Tijuana, hubo un derrumbe de 70 casas y afectaciones a más de 100 en la colonia Lomas del Rubí. Frente a ello, los vecinos acudieron al Ayuntamiento en busca de apoyo. Cabe hacer notar que los funcionarios municipales, incluido el Alcalde, efectivamente apoyaron inicialmente a los damnificados, como era su obligación; ofreciendo que se llevaría a cabo un dictamen para determinar si hubo responsables del deslizamiento de tierras. Posteriormente supimos, por voz del subsecretario de Gobierno del Estado, Enrique Méndez Juárez, que el mencionado dictamen sería emitido por el Cicese y el Colegio de Ingenieros Civiles, mencionando además que éste no podría ser manipulado por el municipio, debido a que estos organismos tienen un prestigio que cuidar, sin embargo, reconoció también que existía la posibilidad de que el Grupo Melo tuviera cierta responsabilidad en el deslave ocurrido. En una de las reuniones con los afectados, el Alcalde Juan Manuel Gastelum, indicó que el dictamen estaría listo sin falta para el día 15 de mayo. Explicándoles también que, a partir de que tuvieran el dictamen en sus manos, el ayuntamiento tendría la posibilidad de tomar las acciones legales correspondientes; además, los ciudadanos afectados contarían con el apoyo del Colegio de Abogados, del Consejero Jurídico y la Defensoría de Oficio. Indicó además que se trataba de un tema muy complejo; “porque, además de los hogares derrumbados, los responsables están en deuda con el Ayuntamiento por las calles que fueron estropeadas, los postes de luz a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y las tuberías de agua a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).” El Alcalde abundó diciendo que: “…los trabajos de movimientos de tierra ejecutados y realizados por el urbanizador fueron la causa que detonó el deslizamiento.” Si bien han argumentado que los permisos de construcción fueron entregados en la pasada administración, es responsabilidad del actual ayuntamiento vigilar el desarrollo de la obra. La parte que llama la atención es que en ningún momento el Ayuntamiento de Tijuana o el Gobierno del Estado, han mencionado siquiera la posibilidad remota de sancionar, multar o idealmente clausurar a la empresa constructora que a todas luces y de acuerdo al peritaje, es la responsable de los graves daños ocasionados a decenas de familias que, por no tener los contactos en el gobierno, se tienen que conformar con las dádivas que el Ayuntamiento de Tijuana les da para mantenerlos callados. Mientras tanto, la constructora responsable no ha tenido que sufrir absolutamente nada por los daños causados a tantas familias, siendo que los que hemos construido en Tijuana podemos ser testigos de las innumerables multas y clausuras a las que se hace uno acreedor por cualquier omisión. Cosas extrañas, por decir lo menos. *El autor es asesor empresarial en cabildeo.