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Una gran preocupación ha despertado entre los distintos medios de la sociedad de Baja California y los organismos empresariales, la acción irresponsable de los doce Legisladores del Congreso Local, al autorizar por petición del Gobierno del Estado incremente su deuda que ya rebasa el límite de su capacidad de pago. Para dar una idea de los niveles del endeudamiento de la administración pública estatal y como esta se ha incrementado en los últimos años, basta señalar de manera gruesa alguna información: En el año 2013, las Obligaciones de pago del Estado eran de 9 mil Millones de pesos, lo que representaba el 24.3 por ciento del presupuesto de Egresos que ascendía a 37 mil millones de pesos. Según datos de esta misma fuente, para 2018, es decir en tan solo cinco años, las obligaciones de pago del Estado, aumenta a 99 mil millones de pesos, mientras que el presupuesto de Egresos, solo ha alcanzado los 50 mil millones de pesos. Este dato por si solo nos refleja un sobreendeudamiento del estado, cuyas obligaciones son dos veces el presupuesto de egresos para este mismo año. Llama la atención, que no obstante esos niveles de sobreendeudamiento del estado, tampoco se haya reflejado en obras o inversión pública. Esta, la inversión pública estatal, lejos de haber crecido, por lo contrario ha tenido una fuerte disminución. En el 2013, la Inversión pública del estado superó los 9 500 millones de pesos, para el 2018, había disminuido más del 57 por ciento, alcanzando apenas un monto de 4 mil ciento trece millones de pesos. Una figura muy socorrida por esta administración para justificar el endeudamiento, ha sido la figura de las APP, aduciendo que esta no es deuda. Bajo esta figura se han propuesto los nuevos compromisos de adquisición de deuda del gobierno del estado, donde quedan como garantes para la recuperación de la inversión, los recursos propios del estado. Eso es el tema que reiteradamente se ha venido cuestionando, que no se puede comprometer los recursos del estado por los próximos cuarenta años, en la construcción de obras, que solo se justifican a los ojos de la administración pública. Es indudable, que las finanzas públicas estatales pasan por una grave crisis, o bien el estado está en una difícil situación financiera, no porque haya invertido en obra pública, porque como se menciona líneas arriba, esta ha sido la más baja en toda la historia de Baja California, sino porque la administración pública ha demostrado una pésima capacidad de administración de los recursos públicos Sobre este tema se han estado manifestando los organismos empresariales acciones que han manifestado desde el año anterior, tanto el CCE, como COPARMEX. Ellos han ofrecido desde un inicio, y han demandado y exigido en los últimos días, mesas de análisis para que el tema de la deuda pública contraída por el Gobierno del Estado se ventile de cara a la sociedad y que se permita a estos organismos que opinen. Le han ofrecido Secretario de Finanzas y al propio Gobernador, asesoría y apoyo en el análisis del tema. Por ello sorprende enormemente, que el Congreso del Estado, haya Autorizado, en una reunión con Doce Legisladores a favor de los 25 que integran El Congreso la reestructura de la deuda de 12 500 millones de pesos. La restructura no resuelve el problema de deuda, sino que la difiere, lo que coloquialmente representa patear el bote para delante. Pero lo más grave de esta acción de los diputados, hayan aprobado, la construcción de la desalinizadora de Rosarito, la que ya múltiples veces había sido sometido a juicio del congreso y este la había en mayoría rechazado, argumentado las razones y quedando en evidencia la ausencia de fundamentos para tal obra. Este compromiso, bajo la figura de APP, representa para el estado una erogación anual superior a mil ochocientos millones de pesos. Este tipo de obra, si tuviera justificación podría financiarse con recurso fiscales o de alguna agencia como: BID o Banco Mundial, que serían créditos blandos y sin comprometer los recursos del estado. Pero obviamente, si fuesen créditos fiscales o de una Institución Bancaria internacional, serian recursos fiscalizables por el organismo financiero y no a discreción de la administración local. *- El autor es economista de profesión, fue presidente del Colegio Estatal de Economistas y vicepresidente del Colegio Nacional de Economistas.