Columnas Zona Libre, nuevas expectativas

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Por José Luis Contreras

El anuncio del Presidente electo de declarar Zona Libre o Zona Franca a la región fronteriza colindante con los Estados Unidos de Norteamérica, abre un cúmulo de nuevas expectativas para los fronterizos. Esto aunado al anuncio de la reducción del Impuesto al Valor Agregado del 16% vigente actualmente al 8%, es decir una reducción al 50% del existente. Esto genera grandes expectativas a comerciantes mexicanos en la franja fronteriza, porque mejoraría la competitividad del comercio de la frontera con los establecimientos del Sur de EU. Esto implicaría, pues, algunas modificaciones al régimen fiscal, eliminando aranceles en productos que actualmente pagan altas tasas arancelarias, lo que genera una evidente pérdida de competitividad respecto el comercio vecino. De darse ello, como lo ha planteado la futura administración federal, el comercio local será más competitivo y definitivamente se verá sustancialmente estimulado en su crecimiento. Se estima que la reducción del IVA a la tasa del 8% representará para la recaudación fiscal una baja en este rubro de 40 mil millones de pesos, pero es obvio que esa reducción representará una mayor dinámica económica en la economía regional, y un mayor volumen de ventas del comercio en general y que la población pueda tener un mayor ingreso disponible que se destine al consumo, así como una mayor retención de las fugas de compradores a los comercios del vecino país, eso compensará con creces la merma que por efecto de la reducción del IVA se tenga. En el estudio de a historia económica de la región fronteriza del Norte de México, se hace evidente que la prosperidad económica de la región está vinculada a la existencia del régimen de Zona Libre, que hoy se está promoviendo se reinstale y a cuyas demandas el Presidente electo las ha hecho suyas y ha prometido que a partir del 1 de enero del 2019, se reinstalará la Zona Libre en toda la frontera Norte delimitada por 30 kilómetros al Sur de la frontera. Esta delimitación o restricción de las ciudades colindantes hasta 30 Km al Sur de la frontera, tendrá algunos problemas de carácter técnico para su implementación, así como demandas de los municipios dentro de Baja California y Baja California Sur, así como la antigua Zona Libre parcial de Sonora, quienes ya demandan ser incluidas en este proyecto fiscal, lo que definitivamente deberá considerarse dado que su nivel de integración económica regional no hace posible su superveniencia bajo otro régimen fiscal. No es posible imaginar municipios como Ensenada o San Quintín, San Felipe y el Sur de Rosarito como regiones con diferente régimen fiscal al que se tenga en Tijuana, Mexicali y Tecate. De ahí que la lucha que organismos sociales y ciudadanos de esas poblaciones están haciendo deben ser escuchadas y tomadas en cuenta para integrarse dentro de este esquema. Gracias a dicho esquema, en el periodo que va de 1937 a finales de los 80 la economía de Baja California logro ubicarse entre las 5 principales de México, gracias a las ventajas fiscales que brindaba la Zona Libre al comercio y, desde principios de los 60, al programa de maquila, que permitió una bonanza en términos de creación de empleo a nivel tal que en Baja California las tasas de desempleo se ubicaran por debajo del 2% anual, pese a observar tasas de crecimiento demográfico (por efectos de la inmigración) del orden de 5 al 8% promedio anual. Respecto al desarrollo social, Baja California se ubicó rápidamente en niveles similares a los observados en las grandes metrópolis del país. Este régimen fiscal fue cancelado a partir de la entrada del TLC. Por lo que corresponde a la inversión extranjera directa, específicamente a aquella que se ubica dentro del sector de las manufacturas (que representan aproximadamente el 64% del total de la inversión extranjera en B.C.) y que da empleo aproximadamente al 63% del total de la fuerza laboral en dicho sector en B.C.) Tendría que ajustarse a un convenio similar al que operaba dentro del régimen de zona libre y garantizar así, al menos su permanencia. * El autor es economista de profesión, fue presidente del Colegio Estatal de Economistas y vicepresidente del Colegio Nacional de Economistas.

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