Análisis sin Fronteras

Obviamente el proceso electoral de 2018 se lleva a cabo en un ambiente en el que el electorado está furioso por los resultados que dejará el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. La historia seguramente subrayará que uno de los grandes errores de esta administración fue subestimar, o hasta ignorar, las claras señales de la molestia de los ciudadanos, que se está traduciendo en un costo político para el presidente y su partido. Más allá de quién sea el ganador el 1 de julio (ojalá que sepamos quién es el ganador esa noche), los nuevos mandatarios a nivel nacional, estatal o local claramente tendrán dificultades para gobernar, porque las instituciones han sufrido un deterioro importante en su credibilidad. Y gobernar sin credibilidad en una democracia que se encuentra en crisis es casi imposible. Y el siguiente mandatario mexicano recibirá al país con los más altos índices de inseguridad, desigualdad y posiblemente una crisis económica. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Los asesinatos en el gobierno de Peña Nieto, desde el inicio de la administración hasta el pasado mes de abril suman ya 104 mil 583, rebasando los 102 mil 859 asesinatos que hubo en la administración de Felipe Calderón, mil 724 asesinatos más, es decir, un incremento del 2.2 por ciento. Otra cifra alarmante es la de los desaparecidos. Hasta el momento, desde que se inició el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPD), van 35 mil 410 desaparecidos, 60 por ciento de los cuales se han contabilizado en el gobierno de Peña Nieto, es decir 21 mil 602 personas. En la administración de Felipe Calderón, se contabilizaron 24 mil 943 desaparecidos, pero la administración aún no llega a su fin y al ritmo de crecimiento de las desapariciones en este sexenio, podrían fácilmente superar a las de su predecesor. Algunos de los factores que podrían poner en riesgo las elecciones y los resultados del proceso electoral 2018. En cualquier país siempre la elección de un nuevo mandatario pone en alerta a las autoridades dentro del ámbito de la seguridad nacional y pública, porque la ingobernabilidad que podría surgir ante la falta de credibilidad de los resultados puede poner en riesgo la transición pacífica del poder y debilitar la capacidad de gobernar de cualquiera que sea el siguiente presidente de la República. Y probablemente el escenario que más podría poner en duda los resultados de las elecciones sería que el 1 de julio se 'caiga el sistema', reflejando lo que sucedió hace 30 años, el 6 de julio del 1988, cuando misteriosas fuerzas no permitieron que el conteo de votos se hiciera público. El ganador, según el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, fue Carlos Salinas de Gortari. Unos veinte años después el expresidente Miguel de la Madrid confesó que se habían manipulado los resultados, y unos 30 años después Manuel Bartlett, senador del PT, dijo que la manipulación de datos le dio la victoria a Salinas. Expertos señalan que un robo masivo de votos en 2018 es casi imposible, aunque el INE usa internet y computadoras que podrían ser hackeadas, la boleta electoral es en papel. De haber un cuestionamiento, eventualmente el papel nos llevaría a los verdaderos resultados. Pero en el caso de unas elecciones donde el sistema del PREP se cayera el 1 de julio y el INE no pudiera dar resultados durante varios días, obviamente se crearía una crisis de credibilidad, especialmente si los resultados vienen cerrados. Hackear el sistema, en este caso, no sería necesariamente para 'robarse' las elecciones, sino para crear una crisis de credibilidad para las autoridades electorales y el presidente electo. Tampoco se puede subestimar el impacto de la violencia en estas elecciones. La violencia en contra de precandidatos, candidatos y funcionarios en este proceso electoral ha sido trágico e histórico. Desde hace unos siete meses, cuando se inició el proceso electoral en México, han sido asesinados 90 políticos. El último que se reportó fue el candidato de Morena a la alcaldía de Tenango del Aire, Adiel Zermann, de 39 años, a quien torturaron y asesinaron. La consultoría Etellekt, en su Informe sobre Violencia Política, confirmó que ya son 90 políticos asesinados y alrededor de 180 que han sufrido agresiones. La lista la conforman 22 precandidatos, 15 exalcaldes, 13 regidores, 13 militantes, 10 alcaldes en funciones, siete dirigentes de partidos, cuatro candidatos, dos exregidores, un diputado local, un representante municipal, un exsíndico y un diputado federal. El informe destaca que 69 por ciento de las de las víctimas fueron asesinadas directamente y 12 por ciento fueron secuestradas y halladas sin vida con señales de tortura. ¿Se pueden llevar acabo elecciones en un ambiente donde el crimen organizado usó la violencia para seleccionar y apoyar candidatos? ¿Pueden ser estas razones suficientes para anular alguno de los procesos electorales? En caso de serlos ¿Existe el estado de derecho para tomar tal decisión? En base a la ley electoral, para que se declare nula o se cancele la elección entera o alguna de las elecciones que se llevarán a cabo, tendrían que haber irregularidades en el 20 por ciento de casillas como lo indica el artículo 76 de la Ley general del Sistema de medios de Impugnación en Materia Electoral. Además, otra irregularidad contemplada en este artículo es que se ejerza violencia física o presión sobre los integrantes de la mesa directiva de la casilla o los electores para manipular o impedir el voto. Este artículo también señala que, si se impide la instalación del 20 por ciento de las casillas, en automático se anulará la votación de todo el distrito electoral afectado. Tampoco debemos de perder de vista el impacto que podrían tener las redes sociales en las elecciones. Más allá de usar Twitter, WhatsApp, YouTube y Facebook para promover o atacar un candidato, esta red también puede incitar la protesta violenta. O incluso movilizar la violencia en contra de candidatos o personajes ligados al proceso. Más allá de los cuestionamientos y ataques en contra de los diferentes candidatos, en una democracia la transición es pacifica si se tiene credibilidad en los procesos y las instituciones. Repito lo que debería de ser una obviedad para el siguiente presidente: gobernar sin credibilidad en una democracia que se encuentra en crisis, es casi imposible. * La autora es anlista políticio.