Columnas La olvidada historia del fracasado combate a la violencia

Análisis sin Fronteras

Por Ana María Salazar

En algo tiene razón Andrés Manuel López Obrador cuando dice que “hay que cambiar la estrategia” para reducir la violencia en el país pero plantear algo similar a lo que propuso Vicente Fox y Enrique Peña Nieto en su momento, pues parecería que el posible futuro presidente de México estaría sugiriendo, al igual que los otros, una estrategia fallida. La gran diferencia es que, en 2018, sin importar quién sea el siguiente mandatario mexicano, este recibirá al país en uno de los momentos más violentos que se han vivido. Y la estrategia de amnistía simple y llanamente no será opción, probablemente ni la posibilidad de negociación será posible. Casi puedo asegurar que la represión e ignorar la impunidad que se vive en el país serán los resultados de otro sexenio fallido. Como candidato, Peña aseguraba que sacaría a los soldados y que les darían prioridad a los programas de prevención, porque al igual que López Obrador, buscaba separarse políticamente de la estrategia fallida de su predecesor. Además, es fácil echarles la culpa a los pobres. Al inicio de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, el documento denominado Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 trazó lo que se supone sería la ruta que seguiría el país. Bajo el título ‘México en Paz’, el PND establece que: “En la Constitución se enmarca un pacto social en el que los ciudadanos otorgan el ejercicio de la autoridad al gobierno, para que este haga cumplir la ley, regido por los principios de legalidad, objetividad, eficacia, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos”. Continúa el documento: “En México, debemos fortalecer nuestro pacto social, reforzar la confianza en el gobierno, alentar la participación social en la vida democrática y reducir los índices de inseguridad. Aspiramos a una sociedad donde todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos, que participen activamente y cumplan sus obligaciones en el marco de una democracia plena; y que, por lo mismo, ninguna persona en México se enfrente a la falta de seguridad, a un inadecuado Sistema de Justicia Penal o a la opacidad en la rendición de cuentas”. Me atrevo a decir que esto lo podría haber escrito el equipo de Andrés Manuel López Obrador. El expresidente Vicente Fox Quesada salió a criticar la actual estrategia del gobierno federal, proponiendo, al igual que el candidato de Morena, un nuevo diálogo con los criminales, insistiendo que “todo ser humano es rescatable, todo ser humano merece una segunda oportunidad”. Comentó que las personas que optaron por ingresar a las filas del crimen organizado es porque no tuvieron la oportunidad de “participar en la música, de tener un empleo, de tener un ingreso para sostener a su familia, de tener un espacio en la universidad”. En 2010, cuando la ‘guerra’ de Felipe Calderón estaba en su peor momento, se escuchaban comentarios como: “Antes se controlaba la violencia negociando; así se hacía cuando el PRI estaba en el poder, por eso no había tanta violencia”, argumentan esas mismas voces con añoranza de los viejos tiempos. Era un mensaje subliminal de que el PRI sabía controlar a los violentos. La amnistía es una propuesta que no cabe cuando se negocia con criminales. Propone AMLO que se legisle este acuerdo. ¿Pueden imaginarse las presiones, amenaza y corrupción sobre legisladores federales y locales cuando se discuta un perdón? Si no es amnistía, ¿hay que negociar? En primer lugar, el que un grupo de criminales acuerden no ejercer violencia en contra de la población civil a cambio de que ellos puedan continuar con sus actividades delictivas, no es una negociación, es el sometimiento del Estado ante la incapacidad o corrupción de sus gobernantes. Pero supongamos que llegase el momento en que el Estado, reconociendo su incapacidad de someter a los delincuentes, decidiese negociar con los diferentes cárteles. ¿Cómo asegurar que los capos respetarían lo acordado y no dañarían a la sociedad civil? Si la negociación se lleva a cabo debido a la incapacidad del Estado de perseguirlos y controlarlos, entonces, ¿cómo someter a estos criminales si incumplen con lo acordado? Pero si Andrés Manuel está dispuesto a literalmente decir de antemano “amnistía” a expresidentes y funcionarios de alto nivel, asegurando que no “volteará atrás”, entonces con qué autoridad y credibilidad persiguieron a otros criminales. Tal vez la única opción sería amnistía… que terminaría siendo sometimiento. * La autora es analista político. Análisis sin fronteras

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