Columnas Alto costo de candidatura fallida

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Escándalo de elevada resonancia resulta el monto de recursos que la Secretaría de Educación Pública (SEP) gastó en Comunicación Social en 2017, según dio a conocer la prensa nacional este fin de semana: Mil 963 millones de pesos, destinados básicamente a posicionar la imagen pública del entonces titular de la SEP, Aurelio Nuño, y a promover la aplicación de la reforma educativa. La estratosférica cifra significó una erogación promedio de 5.3 millones de pesos por día y "un sobreejercicio de 2 mil 680%, debido a que el Congreso de la Unión solo había aprobado una partida de 70.6 millones de pesos" para ese año. Ante lo extravagante de la cifra, cabe preguntarse ¿a cuántos maestros que no habían recibido su salario a esa fecha se pudo haber pagado?, ¿o cuántas, ya no digamos aulas, sino escuelas, se pudieron construir con esa suma?, pero más allá de eso, hay que considerar el propósito a que estaba encaminada la descomunal erogación de la SEP. Como recordarán los memoriosos, al comienzo del 2017, tres personajes figuraban en la lista de "posibles" candidatos del PRI a la presidencia: Miguel Ángel Osorio Chong, entonces secretario de Gobernación; el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, cuyo traspaso de la Secretaría de Hacienda a la Sedesol se interpretó como su colocación en la lista de "posibles", y el titular de la SEP, Aurelio Nuño. El referido reportaje pone de manifiesto que el hoy coordinador de la campaña de Meade tuvo, por decir lo menos, una sobreexposición en medios con cargo a la partida de Comunicación Social, a la que la SEP destinó 4 mil 443 millones de pesos de 2013 a 2017. ¡Cifras de escándalo!, todo para acabar en una precandidatura fallida. El caso ilustra, por lo demás, la forma en que se distribuyen los recursos públicos por "instrucciones superiores". Cambios en Cotuco En días pasados, hubo cambios en la mesa directiva del Comité de Turismo y Convenciones (Cotuco) Tijuana, debido a que el vicepresidente Dr. Jack Doron, dejó este cargo para atender asuntos personales, quedando en su lugar el Ingeniero Alfonso Dávila, quien fungía como secretario. A la vez fue asignado el cargo de secretario a Gilberto Leyva Camacho, ex presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) Tijuana, a quien ya se le ha visto aparecer en algunos eventos representando a Francisco Villegas Peralta, presidente de dicho comité, tales como una conferencia de prensa en donde se anunciaron los pormenores del Certamen Señora Belleza México, realizado por primera vez en Tijuana y el lanzamiento de una revista de turismo médico. En ambos eventos, el ex presidente de la Canaco fue muy bien acogido por la prensa, quien le reconoció el trabajo realizado al frente de dicha cámara y la política de puertas abiertas que implementó durante su gestión hacia los medios de comunicación, ante quienes se ha ganado respeto y con algunos de los cuales sigue manteniendo lazos. Cabe destacar que Leyva Camacho ya se venía desempeñando en Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana como consejero y tras la salida de Jack Doron, se le propuso el cargo de secretario, al quedar vacante por el ascenso de Alfonso Dávila como vicepresidente. Incumplidos en salud La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, la cual preside Francisco Postlethwaite Duhagón tuvo bastante trabajo con los servidores públicos incumplidos del sector salud en el último trimestre del año 2017, ya que la mayoría de las sanciones fueron para estos trabajadores en sus diferentes niveles. Desde que estaba en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, Francisco Postlethwaite Duhagón se ha caracterizado por no tapar los “baches” y parece que en Contraloría y Transparencia Gubernamental sigue por el mismo camino. Ante esto, no se salvaron del “quemón” 27 funcionarios que quedaron expuestos en las resoluciones que causaron estado en el cuarto trimestre, de los cuales la Contraloría dice que 13 son trabajadores de las dependencias de salud como Isesalud, Issstecali y el Instituto Psiquiátrico de Baja California (IPBC). Al parecer estas personas no tuvieron mucho compromiso con la transparencia, al presentar de manera extemporánea la declaración de su situación patrimonial, o en el peor de los casos omitieron entregarla. Todos ellos recibieron una benévola amonestación pública, es decir, nomás les dijeron “no lo vuelvas a hacer”, y los expusieron ante la sociedad a través del portal de la dependencia como incumplidos.

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