Agua Caliente

El reciente relevo en la dirigencia nacional del PRI, donde Enrique Ochoa Reza fue reemplazado por René Juárez Cisneros, plantea una enorme paradojal para el candidato de la colación Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, toda vez que su mayor esfuerzo antes y al inicio de su campaña electoral fue presentarse como el primer candidato no priista postulado por el partido tricolor, solo para a la vuelta de los días cayera en brazos del priismo más anquilosado. Lo curioso fue que él quien lo propuso, según se desprende de las palabras del propio Meade, quien aseguró que fue él quien solicitó el relevo de Reza por Juárez Cisneros. Con ello demuestra cuan poco estaba alejado del priismo más tradicional, aquel que se asocia con las viejas prácticas del clientelismo electoral, y lo coloca como un aspirante que si bien formalmente no pertenece al PRI, sí se apoya en su estructura para continuar su campaña con miras a los comicios del 1 de julio. Así, el aspirante presidencial que se presentó al inicio como el menos priista de los candidatos, y esa era su tarjeta de presentación, se encuentra ahora sostenido en la estructura más identificada con el viejo PRI. ¡Vaya paradoja! Alistan discursos Los cinco candidatos a diputados federal por el distrito 05 ya confirmaron su participación en el foro electoral que organiza FRONTERA. Será la primera vez en que los cinco estén juntos y expongan cada uno sus propuestas. Rosalva Lòpez Regalado, de Por México al Frente; Miguel Ángel Badiola Montaño, del PRI; Mario Ismael Moreno Gil de Juntos Haremos Historia; Óscar Chàvez, del Partido Verde y Victor Parra Meza, de Nueva Alianza, estarán exponiendo sus ideas en FRONTERA el próximo martes, foro que será transmitido a través de FRONTERA.INFO y las redes sociales. Molestia justificada Cada día son más las voces que cuestionan a los jueces, tanto federales como estatales, por permitir que presuntos delincuentes queden libres, tras ser detenidos por agentes de diferentes corporaciones policiacas por cometer diversos ilícitos. La gota que derramó el vaso, al menos en Baja California, fue la libertad de nueve sospechosos capturados en Tijuana con un arsenal, radios de comunicación policiaca y chalecos antibalas, por cierto, mejor armamento que el de algunas corporaciones en la localidad. Eso provocó que el miércoles el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, así como los alcaldes Juan Manuel Gastélum Buenrostro (Tijuana), Gustavo Sánchez Vásquez (Mexicali), Marco Antonio Novelo Osuna (Ensenada), Nereida Fuentes González (Tecate) y Mirna Rincón Vargas (Rosarito), cerraran filas para exigir a diputados federales y senadores modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales, para catalogar como delitos graves la portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y los robos con violencia. Se ve difícil, si no es que imposible, que los legisladores que ya están en su última etapa en el cargo, se vayan a tomar la molestia de atender el reclamo no nada más de Baja California, sino de otras entidades del País donde la situación de inseguridad es de alto peligro. Ya desde la entrada en vigor en Mexicali del Nuevo Sistema de Justicia Penal en 2010, diversos abogados habían advertido sobre la llamada "puerta giratoria" al quedar fuera de la prisión preventiva oficiosa diversos delitos. Incluso, en su momento los estudiantes de Derecho de la UABC Kenia Alejandra Badilla Nuño, Carolina Rosales Gómez, Daniela Murrieta Reynosa, Juan Carlos Álvarez Álvarez, Ricardo Issac Montaño Valadez, Israel Alberto Gutiérrez Bermúdez y Luis Alonso García Lara, presentaron al Congreso local un documento donde proponían precisamente que se consideraran delitos graves la portación y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, e incluso la introducción clandestina de armas de fuego que no están reservadas al uso exclusivo de las fuerzas armadas. Además, proponían que se considerara también delito grave el robo de vehículo, robo en casa habitación, extorsión y homicidio por culpa cuando el conductor estuviera en estado de ebriedad u otras sustancias que perturben su adecuada conducción. La propuesta de esos estudiantes, entregada en el Congreso local, parece que fue echada a un cajón por los diputados. Así que las consecuencias ahí están y seguramente habrá que esperar a la siguiente legislatura federal, a ver si tiene tiempo para echarle una buena revisada al Código Nacional de Procedimientos Penales.