Agua Caliente

Como un traje a la medida, bien cortado y planchado, se hizo el nuevo Reglamento de Tránsito y Transportes para Rosarito y es que, cómo no, si su autor tiene todos sus intereses en este sector, al cual ha pertenecido desde hace muchos años, antes de que se convirtiera en regidor.

Miguel Calles, quien fuera líder transportista y que ahora preside la Comisión de Tránsito y Transportes, la iglesia en manos de Lutero, ha demostrado que su lucha no necesariamente está enfocada en beneficio de los usuarios, sino más bien que su verdadera preocupación es que los transportistas gocen de privilegios establecidos en un reglamento.

Así las cosas, los usuarios tendrán que conformarse con un trasporte de por sí deficiente y ahora hasta viejo, ya que por reglamento los concesionarios podrán utilizar unidades con más de 10 años de antigüedad sin problemas, algo que antes al menos estaba prohibido.

Por si fuera poco, se admitió que el Ayuntamiento tenga por obligación realizar exámenes antidoping aleatorios a los choferes, claro, con cargo al erario público, esto adicional al que deben realizarse todos los conductores del servicio público una vez al año y que tienen que pagar de forma particular los interesados.

Asunto aparte es el tabulador de sanciones a las que se hacen acreedores los choferes que infringen alguna disposición y quizá uno de los puntos más escandalosos es que si el conductor maneja “temeraria y peligrosamente”, se hace acreedor de una multa de 5 UMA, es decir 441 pesos; mientras que para un chofer que ofrezca un servicio como el de Uber con unidades recientes, si es descubierto dando servicio en Rosarito, la multa rebasará los 8 mil pesos.

El reglamento especifica lineamientos mecánicos y de servicios como una obligación, pero las multas para quienes incumplan con lo establecido no rebasan las 10 UMA, es decir, no se avanza en favor del usuario, pues ni siquiera se cuenta con un Plan Maestro de Vialidades el cual rige una buena parte del renovado reglamento.

Duplican proyectos

La desorganización y falta de coordinación gubernamental se hizo pública y llegó al Congreso del Estado a través de una iniciativa presentada por el Ayuntamiento de Mexicali.

A través de oficialía de partes, el Gobierno municipal intenta reformar la ley orgánica de la administración pública y la ley de obras públicas para un objetivo sencillo: Evitar que se dupliquen proyectos de obras públicas.

El problema radica en que los gobiernos municipales en ocasiones gestionan obras de pavimentación o infraestructura y acuden a la Federación para bajar recursos, pero el Gobierno estatal también acude para gestionar dinero para los mismos proyectos.

Cada proyecto ejecutivo tiene un costo y gasto humano en la elaboración y nunca se informan entre gobiernos qué proyectos y obras traen en programación.

Además que en ocasiones realizan una obra de pavimentación y a las semanas llega el Estado o una paraestatal a abrir la obra recién entregada para cambio de pluviales.

Los regidores del Ayuntamiento de Mexicali informaron que con coordinación se puede hacer obra planeada, que no se dupliquen y sobre todo, no se gaste dinero en proyectos que después son destruidos por otras obras, que al final, son recursos públicos tirados a la basura y lo peor es que el ciudadano se da cuenta y reclama este tipo de actos.

Al mismo tiempo

Un dolor de cabeza sufren actualmente vecinos del fraccionamiento El Mirador y fraccionamientos aledaños. Y es que una obra de la Cespt mantiene cerrada la entrada y salida del mismo, así que para poder ir al Centro tienen que pasar por cañón los Laureles o irse hasta Playas.

Pero al irse a Playas, resulta que el Ayuntamiento realiza trabajos a la altura de la Lázaro Cárdenas, así que tiene reducido a dos carriles, y además se terminan los trabajos de una gasolinería, por lo que también está acotado el paso.