Movilidad y salud, principales necesidades atendidas por el IFDP en Baja California

El delegado del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) en Baja California informó que movilidad y salud concentran las principales necesidades jurídicas atendidas actualmente por la institución, principalmente en Tijuana.

Víctor Manuel González Ruiz indicó que cada asesor jurídico en materia de movilidad lleva entre 300 y 370 asuntos durante el año, mientras los casos relacionados con salud suman alrededor de 200 servicios.

Detalló que la atención en movilidad comprende casos de personas migrantes que buscan regularizar su estancia en México, solicitar la condición de refugiado o resolver algún trámite relacionado con su permanencia legal en el país.

Tijuana

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Migrantes enfrentan barreras para regularizarse

Además de los procedimientos de regularización, refirió que los asesores jurídicos intervienen cuando las personas enfrentan condiciones que les impiden regresar a sus países de origen y requieren apoyo para permanecer legalmente en México.

La mayoría de las personas atendidas en esta materia son de origen haitiano, aunque también existe una presencia importante de población centroamericana que enfrenta distintas situaciones relacionadas con su estancia migratoria, añadió.

González Ruiz comentó que entre las dificultades identificadas se encuentra la barrera del idioma, principalmente con personas haitianas, pero que ha sido atendida mediante herramientas tecnológicas para facilitar la comunicación durante los procesos jurídicos.

En materia de salud, mencionó que los casos atendidos incluyen solicitudes relacionadas con medicamentos, estudios médicos, cirugías, consultas con especialistas y atención urgente cuando las instituciones no proporcionan oportunamente los servicios requeridos.

Amparos para garantizar atención médica

Explicó que los servicios jurídicos en esta materia se brindan mediante asesores; hay dos en Tijuana, dos en Mexicali y uno en Ensenada, quienes intervienen ante situaciones que pueden afectar el derecho de las personas a recibir atención médica.

La mayor incidencia de estos asuntos corresponde a IMSS-Bienestar e IMSS, mientras que los casos relacionados con ISSSTE e ISSSTECALI representan una cantidad menor dentro de los servicios de salud atendidos, precisó.

González Ruiz expuso que ante estas situaciones, el instituto puede promover juicios de amparo y solicitar una suspensión de plano, mediante la cual un juez federal ordena a la autoridad garantizar la atención médica requerida.

Además de movilidad y salud, agregó que los asesores jurídicos atienden casos relacionados con servicios de agua y electricidad, cargos no reconocidos en servicios financieros, discriminación, discapacidad y asuntos laborales de competencia federal.

Sostuvo que el desconocimiento de estas herramientas representa uno de los principales retos para la institución, debido a que algunas personas enfrentan problemas jurídicos sin saber que pueden solicitar orientación, representación y acompañamiento especializado sin costo.