FGE advierte que internar personas en contra de su voluntad puede constituir delito

Tijuana BC.- Impedir la movilidad de una persona contra su voluntad puede constituir el delito de privación ilegal de la libertad, aunque existen excepciones relacionadas con la protección de la salud y la vida, señaló la Fiscalía General del Estado (FGE).

Su titular, María Elena Andrade Ramírez, explicó que cada caso debe analizarse de manera particular, especialmente cuando se trata de personas con problemas de salud mental o adicciones que son ingresadas a centros de rehabilitación.

Las declaraciones se dieron luego de que integrantes de la organización Patrulla Espiritual convocaran a una manifestación en la Glorieta Cuauhtémoc de Tijuana, en rechazo a disposiciones afines al ingreso voluntario a centros de rehabilitación.

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Mantienen revisiones

En esa línea, indicó que la dependencia mantiene revisiones relacionadas con la organización Patrulla Espiritual y diversos centros de rehabilitación, en coordinación con autoridades sanitarias y otras dependencias estatales.

Todas las personas que sean impedidas para su movilización contra su voluntad o el motivo que sea, si incurren víctima de una privación ilegal de la libertad, así lo dice el tipo penal del Código Penal”

Expuso.

Sin embargo, Andrade Ramírez señaló que existen casos de excepción cuando se busca proteger un bien superior, como la vida o la salud física y mental de una persona.

Por eso cada asunto se va a llevar o se los tiene que analizar en lo particular, si hay una voluntad viciada, si hay un permiso de los familiares directos o una solicitud de una atención médica, física o psicológica”

Deben revisar expediente por separado

Sobre ello, agregó que algunas situaciones involucran antecedentes de autoagresiones o consumo problemático de sustancias, por lo que cada expediente debe revisarse conforme a sus circunstancias particulares.

Estamos analizando ese tema, que es donde hay fomentar y es donde entran los centros de rehabilitación públicos o privados”

Por su parte, el secretario de Salud de Baja California, Adrián Medina Amarillas, afirmó que desde el inicio de la actual administración se identificó a las adicciones y la salud mental como un problema de salud pública.

Mantienen acercamientos con asociaciones

Indicó que se ha mantenido acercamientos con asociaciones civiles encargadas de operar centros de rehabilitación, con el objetivo de regularizar su funcionamiento y verificar el cumplimiento de normas sanitarias y derechos humanos.

Añadió que constantemente se realizan operativos encabezados por el área de Psiquiatría estatal, en ocasiones acompañados por organismos de derechos humanos y corporaciones de seguridad, para supervisar las condiciones de dichos espacios.

Sostuvo que ninguna autoridad puede trasladar a una persona a un centro de rehabilitación en contra de su voluntad, salvo en casos donde exista tutela legal o condiciones específicas relacionadas con salud mental.

Expresa respaldo

Sobre el tema, la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, expresó respaldo a las organizaciones civiles que atienden a personas en situación de calle y con problemas de adicciones.

Aseguró que cualquier intervención debe garantizar el respeto a los derechos humanos y la legalidad.