Explican alcances y sanciones en denuncias por violencia política de género en Baja California

Tijuana, BC.- Las denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de género son atendidas mediante un procedimiento especial sancionador que contempla investigaciones, medidas cautelares y posibles sanciones, explicó el titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del IEEBC.

Orlando Absalón Lara expuso que la violencia política puede analizarse tanto por la vía administrativa electoral como por la penal, ya que esta conducta también está contemplada en las leyes penales vigentes.

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México

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Puede haber sanciones penales

En materia penal, señaló que las denuncias son atendidas por jueces penales y pueden derivar incluso en penas privativas de la libertad o en la suspensión de derechos político-electorales, dependiendo de las conductas acreditadas dentro del procedimiento correspondiente.

En el ámbito administrativo electoral existen dos procedimientos sancionadores: el ordinario y el especial. Sin embargo, la violencia política contra las mujeres siempre se tramita mediante el procedimiento especial sancionador debido a su relevancia, enfatizó.

El IEEBC realiza investigaciones

Absalón Lara añadió que el IEEBC recibe, tramita e investiga las denuncias a través de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, mientras que el Tribunal de Justicia Electoral del Estado es el encargado de resolver de fondo cada expediente.

Detalló que dentro de la Unidad Técnica existe una oficina especializada en procedimientos relacionados con violencia política en razón de género, encargada de analizar este tipo de denuncias y desarrollar investigaciones sobre las conductas reportadas.

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Pueden solicitar información y aplicar multas

Señaló que durante las investigaciones la autoridad electoral puede requerir información a partidos políticos, particulares, autoridades, medios de comunicación y plataformas digitales, especialmente cuando existen publicaciones relacionadas con posibles infracciones electorales denunciadas.

Mencionó que el incumplimiento de estos requerimientos puede derivar en medidas de apremio, incluyendo amonestaciones, multas de hasta 100 UMAS e incluso arrestos administrativos en los casos previstos por la normativa electoral.

Absalón Lara aclaró que las medidas cautelares buscan evitar daños irreparables o impedir que continúen las conductas denunciadas, aunque precisó que no proceden sobre actos consumados o situaciones futuras cuya realización aún sea incierta.