Requisitos para litigar en materia familiar encarecerían acceso a la justicia en BC

Tijuana BC.- La imposición de requisitos de especialización para litigar en materia familiar en Baja California podría encarecer los servicios legales y limitar el acceso a la justicia, advirtió el presidente del Colegio de Abogados de Tijuana (CAT).

Daniel Avitia Beltrán explicó que un acuerdo del Consejo de la Judicatura Estatal establece que los litigantes deberán contar con estudios de posgrado, como maestría, doctorado o especialización con cédula profesional, para atender casos relacionados con niñas, niños y adolescentes.

Señaló que esta medida reduciría el número de abogados habilitados para ejercer en esa materia, al imponer requisitos adicionales que no están contemplados en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

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Disminuir la oferta de representación legal

Indicó que la restricción afectaría directamente a los justiciables, al disminuir la oferta de representación legal disponible en asuntos como custodia, pensión alimenticia, régimen de visitas o pérdida de la patria potestad.

Si de por sí son juicios que tienden a ser estresantes o golpean de forma emotiva, se va a encarecer la justicia por reducir el número de abogados que existen con una cédula de maestría, doctorado o posgrado”

Dijo.

El presidente del CAT, Avitia Beltrán, agregó que muchos litigantes con años de experiencia en materia familiar quedarían excluidos por no contar con un posgrado, pese a su trayectoria en tribunales.

Exigencia académica

Consideró que la exigencia académica podría privilegiar la formación teórica sobre la práctica, lo que, aseveró, no garantiza una mejor defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Hay abogados que tienen 10 o 20 años de experiencia, que ya son peritos exclusivamente en materia de índole familiar, que por el hecho de no tener una maestría les va a reducir las facultades para litigar y defender”

Expuso.

Asimismo, recalcó que el acuerdo hará que los abogados tendrían que invertir tiempo y recursos en estudios de especialización, lo que eventualmente se trasladaría a los honorarios cobrados a los clientes.

Condición de vulnerabilidad

Señaló que esta situación impactaría principalmente a personas en condición de vulnerabilidad, quienes suelen enfrentar procesos familiares complejos.

Avitia Beltrán subrayó que el gremio no está en contra de la capacitación continua, pero consideró que esta debe darse mediante cursos, diplomados o actualizaciones, sin restringir el ejercicio profesional.

Añadió que el CAT analiza promover acciones legales contra el acuerdo, al considerar que vulnera el derecho al libre ejercicio de la profesión establecido en la Constitución.

Limitado y costoso

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a informarse sobre estos cambios, al advertir que, de mantenerse la medida, el acceso a la justicia en materia familiar podría volverse más limitado y costoso en el Estado.

“Imponerlo va en contra del libre ejercicio de la profesión, contamos con una cédula federal que nos faculta como peritos en derecho y que da garantía para nosotros realizar una defensa adecuada en favor de nuestros clientes”, expuso.