IEEBC: Asignación de recursos a partidos se realiza conforme a la ley

Tijuana, BC.- La asignación de más de 152 millones a partidos se realiza conforme a la ley vigente y no por decisiones administrativas, señaló el presidente consejero del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), Luis Alberto Hernández Morales.

Indicó que su función se limita a ejecutar la fórmula establecida en la Ley General de Partidos Políticos y en la legislación local, sin facultades para modificar montos o criterios.

La asignación de recursos, sostuvo que se determina mediante una fórmula prevista en la ley que utiliza el padrón electoral y un porcentaje de la UMA como base de cálculo.

Tijuana

IEEBC a la espera de resolución sobre financiamiento a partidos

Del monto total, más de la mitad corresponde al Partido Encuentro Solidario (PES), con registro en Baja California, lo que deriva de los porcentajes diferenciados previstos en la ley para partidos locales y nacionales, manifestó.

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Hernández Morales comentó que esta distribución fue confirmada recientemente por el tribunal local durante una sesión en la que se validó la aplicación del criterio utilizado por la autoridad electoral estatal.

Pese a esta resolución, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) buscará impugnar esta distribución, ante la Sala Regional Guadalajara, al considerarlo no equitativo.

Mencionó que mientras se desahoga la cadena impugnativa, el instituto ha realizado las entregas de recursos conforme a la planeación financiera aprobada y se mantiene atento a cualquier resolución que ordene ajustes.

La normativa que rige la asignación de recursos a los partidos políticos, recordó que se estableció hace más de 10 años y fue actualizada por última vez en 2014 durante un periodo de mayoría legislativa del PRI.

Este es el cuarto año consecutivo en que la asignación de recursos es impugnada y que en los 3 ejercicios anteriores las instancias jurisdiccionales confirmaron el mismo criterio, agregó.

Hernández Morales precisó que el esquema actual solo podría modificarse mediante una resolución judicial que ordene ajustes específicos o a través de una reforma legislativa, ya que la autoridad electoral no tiene atribuciones para ello.