Buscan cárcel a traficantes de celulares en ceresos de Baja California

Mexicali BC.- El ingreso de teléfonos celulares a las cárceles de Baja California podría convertirse en delito penal, luego de que el diputado Diego Echevarría Ibarra presentó una iniciativa para sancionar la posesión, introducción y suministro ilegal de dispositivos de comunicación dentro de los centros penitenciarios.

La propuesta, presentada en Mexicali, plantea reformar el Código Penal del estado para castigar con penas de uno a tres años de prisión y multas económicas a quien ingrese o tenga celulares, radios, chips, cargadores o cualquier equipo tecnológico que permita comunicación desde el interior de los penales.

El legislador advirtió que los teléfonos móviles dentro de las cárceles no son un objeto menor, sino una herramienta clave para extorsiones telefónicas, coordinación de grupos criminales y delitos de alto impacto, muchos de ellos dirigidos desde el encierro.

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Reos transmiten en vivo, suben videos y exhiben privilegios desde prisión

Señaló que en fechas recientes se han documentado casos en los que personas privadas de la libertad transmiten en vivo, suben videos a redes sociales y exhiben privilegios desde prisión.

Actualmente, la prohibición de estos dispositivos se sanciona solo por la vía administrativa, lo que, de acuerdo con el diputado, ha permitido la corrupción sistemática y el surgimiento de un mercado negro que facilita el flujo de tecnología hacia los centros de reclusión.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es agravar la pena hasta en una mitad más cuando en estas conductas participen servidores públicos o custodios penitenciarios, además de imponerles destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos. La sanción también aumentaría si el objetivo es facilitar delitos desde el interior de los penales.

Sin consecuencias penales

Echevarría sostuvo que, sin consecuencias penales claras, las cárceles corren el riesgo de seguir operando como centros desde los cuales se delinque hacia el exterior.

Mientras la ciudadanía exige paz, no es aceptable que las prisiones funcionen como verdaderas escuelas del crimen”

La iniciativa será analizada en comisiones del Congreso del Estado de Baja California, donde se discutirá si el uso de celulares en prisión pasa de ser una falta administrativa a un delito con consecuencias penales.