Organizaciones urgen a reforzar la prevención y protocolos escolares tras caso de alumno armado en Tijuana

Tijuana, BC.-La Fundación Manos Unidas por Rosarito A.C. y Unidos por la Prevención en BC urgió a reforzar la prevención, los protocolos escolares y el respaldo legal para docentes y autoridades, luego del caso de un alumno que acudió armado a una secundaria de Tijuana, hecho que reavivó la discusión sobre la seguridad en los planteles educativos.

La titular de la organización, Lorena Meléndez Yáñez, advirtió que niñas, niños y adolescentes están expuestos a contenidos en redes sociales que normalizan conductas de riesgo sin explicar sus consecuencias legales y familiares.

Les están diciendo, ‘Haz este reto y no te va a pasar nada.’ Pero no les dicen las consecuencias de sus actos y cómo involucran dentro de esas consecuencias a sus padres de familia”

Ejemplificó.

Tijuana

Denuncian a escuela ‘patito’ por presunto fraude

Te puede interesar: Denuncia madre presunta trata de blanca en secundaria de la colonia Altamira

La responsabilidad legal recae en los padres o tutores

Explicó que, ante la detección de un arma en una escuela, existen protocolos establecidos que deben activarse de inmediato, los cuales priorizan el resguardo de los estudiantes, la notificación a los padres de familia y la intervención de las autoridades, ya que “Ellos realizan su llamada telefónica el 911 inmediatamente”.

Recordó que, al tratarse de menores de edad, la responsabilidad legal recae en los padres o tutores, quienes deben fungir como el primer filtro mediante la supervisión de las amistades, los entornos y las pertenencias de sus hijos. Añadió que la prevención debe reforzarse dentro de las aulas a través de campañas permanentes de concientización y espacios formativos sobre valores cívicos, prevención y ciudadanía.

Consideró viable analizar medidas inmediatas como el uso de mochilas transparentes o la regulación de objetos permitidos en los planteles, siempre que exista un marco legal claro que proteja tanto a estudiantes como a docentes. En ese sentido, recordó que en 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el programa Mochila Segura por vulnerar derechos humanos, aunque dejó abierta la posibilidad de aplicar revisiones mediante protocolos y con consentimiento informado.

Finalmente, Meléndez Yáñez subrayó que la prevención y la seguridad deben asumirse como una responsabilidad compartida entre familia, escuela y autoridades, con respaldo legislativo que evite vacíos legales y reduzca riesgos en la comunidad estudiantil.