Autoridad sanitaria perfila una nueva regulación de vapeadores

Tijuana, BC.- La regulación de vapeadores y sistemas electrónicos entra en una etapa de mayor definición jurídica tras las reformas constitucionales de inicios de año, mientras autoridades sanitarias esperan la publicación de leyes secundarias que refuercen la vigilancia de sanciones.

Rosario Evaristo Ruiz Palafox, director de Control Sanitario de la COEPRIS, explicó que las modificaciones a los artículos cuarto y quinto constitucional establecieron la obligación de vigilar y sancionar todas las actividades relacionadas con producción, importación, distribución y comercialización de estos dispositivos.

Indicó que lo pendiente ha sido reglamentar dichas disposiciones mediante la Ley General de Salud, a fin de definir los mecanismos operativos que permitan aplicar de manera clara la prohibición constitucional.

Tijuana

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Demandas y amparos

En lo que va del año sostuvo que los decomisos se han mantenido en comparación con periodos anteriores, debido a que tras modificaciones constitucionales se presentaron demandas y amparos promovidos por empresas dedicadas a la venta de estos dispositivos.

Ruiz Palafox expuso que las visitas de verificación sanitaria se han mantenido en distintos municipios, enfocadas principalmente en puntos de venta independientes.

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No se prevé decomiso significativo

Sobre el cierre de año, señaló que no se prevé un incremento significativo en acciones de decomiso durante diciembre, debido al periodo vacacional y a labores administrativas internas, aunque los registros actuales podrían modificarse ligeramente antes de concluir el mes.

Dijo que la próxima publicación de la modificación normativa permitirá iniciar el año con un programa más amplio de verificación, ya que la obligatoriedad alcanzará a todos los actores del mercado.

Las modificaciones

La reforma amplía la definición de vapeadores, sistemas electrónicos y dispositivos alternativos, con el objetivo de incluir cualquier modalidad electrónica o de combustión, además de establecer sanciones penales de uno a ocho años de prisión y multas económicas, precisó.

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Ruiz Palafox refirió que el nuevo marco también aclara que la prohibición no aplica a portadores de uso personal, lo que busca atender inquietudes ciudadanas, mientras la política sanitaria se enfoca en frenar la fabricación, importación y venta.