Alertan riesgos por eventual reapertura de casos resueltos en la Suprema Corte

Tijuana, BC.- Alertan riesgos por eventual reapertura de casos resueltos en la Suprema Corte y advierten afectaciones a la certeza jurídica y posibles impactos en inversión extranjera ante la discusión sobre revisar resoluciones definitivas, expuso José Antonio Serratos García, presidente de Unidos por Tijuana.

Señaló que la reconsideración de expedientes cerrados contravendría el principio de la cosa juzgada y rompería con la estabilidad procesal que garantiza seguridad jurídica en decisiones emitidas por el máximo tribunal del país.

Permitir reabrir resoluciones previamente dictadas sostuvo que implicaría alterar la función constitucional de la Corte al cuestionar determinaciones firmes adoptadas por ministras y ministros que ya concluyeron su encargo.

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Podría generar desconfianza

Una medida de esta naturaleza sería inédita en sistemas democráticos comparables, donde la revisión de fallos definitivos suele estar restringida para evitar incertidumbre sobre la validez de decisiones de alto nivel, comentó.

El presidente de Unidos por Tijuana sostiene que modificar criterios ya consolidados podría generar desconfianza entre inversionistas internacionales que dependen de la estabilidad institucional para operar en entornos económicos con garantías normativas previsibles.

Destacó que precedentes históricos como la reconfiguración de la Corte en los noventa no incluyeron la revisión de sentencias anteriores debido a que ello habría comprometido la continuidad jurisprudencial del órgano.

Ha generado preocupación

La discusión ha generado preocupación en sectores sociales que consideran que admitir reconsideraciones excepcionales abriría un precedente capaz de debilitar la percepción de independencia judicial en asuntos de relevancia nacional, agregó.

Indicó que la comunidad jurídica ha solicitado reflexión a las ministras y ministros sobre los efectos estructurales que tendría modificar criterios firmes en un contexto donde se demanda estabilidad normativa.

El llamado enfatiza que cualquier cambio debe salvaguardar la integridad del sistema judicial para evitar impactos que comprometan la confianza pública, la inversión y la eficacia de los procesos que sostienen el Estado de Derecho, concluyó.