Poder Judicial de BC prevé buscar aumento de hasta 12% en su presupuesto 2026
El presidente Alejandro Fragoso indicó que el presupuesto actual es de 1,984 millones de pesos y pagan impuestos equivalentes al 30%.

Tijuana BC.- El presidente del Poder Judicial de Baja California, Alejandro Isaac Fragoso López, informó que el presupuesto del organismo para este año fue de mil 984 millones de pesos, y anticipó que podrían buscar un incremento del 10 al 12 % para el próximo 2026.
Todavía no tenemos una cifra exacta; calculo que es obviamente la inflación, pero quisiera que rondara en un 10 al 12 % de aumento, porque la inflación es cercana al 6 o 7 %, entonces sería un aumento real a lo mejor de un 7 %, es lo que nosotros solicitaríamos, pero estamos en pláticas con Hacienda, y no quisiera adelantarnos más”
Declaró Fragoso López.
El magistrado explicó que en los últimos años han establecido acuerdos internos antes de solicitar formalmente los recursos que les serán asignados.
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Impuestos
Añadió que, desde hace tres años, el Poder Judicial paga impuestos representando el 30% del presupuesto que cuentan.
Fragoso López subrayó que entre las prioridades presupuestales se encuentra la implementación del nuevo sistema de justicia civil y familiar, la creación de una sala de escucha y la conclusión de proyectos en curso.
Los primeros dos años fue cuando avanzamos más en cuanto a la materia presupuestal. Hemos seguido, tenemos una conducta y actitud responsable en el tribunal. Esperamos este año recibir apoyo por parte de la gobernadora”
Indicó.
En otro tema, el presidente del Tribunal se refirió a la aplicación de exámenes antidopaje anuales al personal, práctica que está siendo revisada debido a cuestionamientos relacionados con derechos humanos.
Debe ser tratado médicamente, es por ello que no es una causal de rescisión de contratos. Algunos poderes judiciales ya no realizan este tipo de exámenes. Nosotros lo hemos realizado todavía hasta este año, en el mes de marzo”
Apuntó.
Valoran continuidad
Agregó que se está valorando su continuidad en 2026, ya que la Suprema Corte ha considerado inconstitucional la práctica obligatoria de dichas pruebas.
Detalló que, en caso de presentarse una situación médica como alcoholismo o drogadicción, se debe comprobar clínicamente y proporcionar un tratamiento institucional.
Por último, señaló que, hasta la fecha, no recuerda que algún juez o jueza del Poder Judicial estatal haya dado positivo en estas pruebas durante el año.
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