Pide protección activista que alberga a familias desplazadas por el crimen organizado

Tijuana, BC.- Debido a que proteger a las familias desplazadas por el crimen organizado es peligroso para los activistas de esta frontera, el director del albergue Ágape pidió protección al 25 Ayuntamiento de Tijuana.

Alberto Rivera Colón informó que actualmente atiende a 30 familias, algunas originarias de Tijuana que fueron obligadas por los delincuentes a abandonar sus hogares a cambio de no reclutar a las niñas, niños y adolescentes (NNA) en la delincuencia, y otras son originarias de Michoacán, Guerrero y Centroamérica, quienes migraron a esta ciudad en busca de seguridad.

Recapituló que del año 2018 a este atendió a 22 personas que escaparon de un secuestro al intentar cruzar hacia Estados Unidos, pero siguen con el miedo de ser encontrados por sus agresores.

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Proteger a los desplazados de la delincuencia

Rivera Colón comentó que recientemente un supuesto agente de la Fiscalía General del Estado (FGR) se presentó en el refugio para iniciar con la investigación de una denuncia que presentó en el año 2020.

Dijo que estos acontecimientos le hicieron replantearse el plan de trabajo para proteger a los desplazados de la delincuencia y a sí mismo.

Por ello, el director solicitó una audiencia con el presidente municipal Ismael Burgueño Ruiz para exponerle su situación.

El Ayuntamiento lo tiene que reconocer

Uno mismo se pone en peligro por luchar por la seguridad de ellos. Por eso se me hace importante que me tengan registrado. Uno se siente muy inseguro porque todo esto empezó desde que empezamos a hablar de los desplazados”

Manifestó.

El activista comentó que desde hace cuatro años es parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, sin embargo, el Ayuntamiento lo tiene que reconocer para brindarle auxilio policíaco en caso de un ataque hacia su persona o albergados.

Apuntó que el desplazamiento forzado es una triste realidad que se presenta en buena parte de México, cuyas víctimas son inocentes, pero al desobedecer son vulnerables a ser amenazados, incluso desviven para inculcar el miedo y la denuncia penal.