Advierten sobre incertidumbre legal para empresas con nuevas reformas al CFF

La presunción de falsedad en la emisión de facturas se perfila como uno de los principales riesgos legales que enfrentarán las empresas en 2026, al establecer un marco en el que, aun sin pruebas suficientes, los contribuyentes podrían ser señalados como responsables de operaciones inexistentes.

Así lo señaló el Dr. Sergio Vázquez Núñez, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Baja California (CCPBC), luego de encabezar el desayuno catorcenal del organismo en el que estuvo como invitado el Dr. Adolfo Solís Farías, con la ponencia “Los 10 principales riesgos legales 2026”.

El principal riesgo es la incertidumbre de que, aun cuando tú no cometas un delito, se presume que lo estás cometiendo, entonces, aquí el tema es que se está presumiendo desde antes que se está cometiendo un delito, salvo prueba en contrario, cuando debería ser al revés”, expresó.

El especialista explicó que el origen de la reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF) se relaciona con empresas que han simulado operaciones y han emitido comprobantes fiscales sin sustento real, pero en el esfuerzo por combatir estas prácticas, se generan efectos colaterales que alcanzan también a compañías legítimas.

Tijuana

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En ese sentido, subrayó que el riesgo no se limita a las operaciones actuales, sino también a las realizadas en el pasado, ya que una empresa sana, en determinado momento, puede cambiar de administración y caer en prácticas ilícitas, lo que podría impactar a quienes tuvieron relación con ella años atrás.

Yo puedo tener una operación el día de hoy con una empresa que es sana, pero si dentro de cinco años esta empresa cambió de administración y empezó a realizar actos ilícitos, de todos modos yo me quedo marcado, y ahí es donde el sistema de justicia no es parejo para todos”, advirtió el líder del CCPBC.

Para terminar, el Dr. Sergio Vázquez concluyó que la digitalización contable y la fiscalización electrónica requieren de mayor claridad normativa para evitar que las empresas enfrenten sanciones desproporcionadas, pues con ello se generaría un entorno más equitativo y de certeza jurídica para el sector productivo.