Continúa proceso contra Bonilla

Tijuana BC.- El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, podría enfrentar una medida agravada si vuelve a ausentarse de la audiencia por el caso Next Energy, informó el titular de la Consejería Jurídica del Estado.

QJuan José Pon Méndez explicó que Bonilla no se presentó a la audiencia inicial programada para el 17 de septiembre en Mexicali, motivo por el cual fue multado y se reprogramó la diligencia para el próximo 18 de noviembre.

Esta persona no compareció y se le hizo efectiva la multa de hasta 5 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), se señaló nuevas fechas para llevar a cabo esta audiencia y servicios el próximo 18 de noviembre”

Indicó.

México

Luis Donaldo Colosio Riojas y Adrián de la Garza se están acusando mutuamente por responsabilidades en el contrato Next Energy, firmado por 7 mil 370 millones de pesos y a 30 años, lo que desató un choque político por el proyecto solar inconcluso y los pagos que siguen impactando las finanzas municipales

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Segunda incomparecencia

En caso de una segunda incomparecencia, detalló, el Ministerio Público está facultado para solicitar una medida más severa, como una orden de comparecencia forzosa o incluso una orden de aprehensión, conforme al procedimiento penal.

“Eso con el objeto de que pueda garantizar su comparecencia, pueda solicitar una medida más gravosa o podría ser una única función o una orden de aprehensión”, citó.

Una segunda multa se prevé que pudiera ascender hasta 200 UMAs si se reitera el incumplimiento por parte del exmandatario estatal.

Los amparos

Pon Méndez detalló que otras personas vinculadas al caso cuentan con amparos vigentes, por lo que sus comparecencias están suspendidas mientras se resuelven dichos recursos legales en instancias federales.

El caso Next Energy involucra a nueve exfuncionarios acusados de abuso de autoridad, peculado y uso ilícito de atribuciones en la firma del contrato para la construcción de una planta fotovoltaica en Mexicali.

El convenio con la empresa Next Energy ha sido señalado por su presunto impacto financiero en el erario estatal, y actualmente forma parte de una investigación penal impulsada por el Gobierno de Baja California.

La Consejería Jurídica reiteró que se dará seguimiento a las audiencias.