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Invasores alcanzan la cárcel

Abogado indicó que en el caso del Cerro Colorado existen diferentes tipos de propietarios.

Invasores alcanzan la cárcel

Tijuana BC.- Las recientes invasiones registradas en el Cerro Colorado podrían constituir diversos delitos, dependiendo de la naturaleza de los terrenos afectados, advirtió Daniel Avitia Beltrán, secretario general del Colegio de Abogados de Tijuana A.C.

En el caso de terrenos privados, la ocupación sin consentimiento del propietario se considera despojo o invasión, tipificado en el Código Penal del Estado de Baja California, y puede derivar en penas privativas de libertad y sanciones económicas.

Cuando se trata de bienes nacionales, como las zonas federales del Cerro Colorado, la invasión constituye un delito federal, cuya investigación corresponde a la Fiscalía General de la República, según lo establece la Ley General de Bienes Nacionales.

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Delito ambiental

Además, al ser el Cerro Colorado un Área Especial de Conservación, cualquier construcción, loteo o alteración del uso del suelo podría constituir un delito ambiental federal, regulado por el Código Penal Federal y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con posibles sanciones penales y administrativas.

En caso de que sean delitos ambientales, puede ser de 2 a 6 años y de 100 a 1000 veces el salario mínimo como multa, según la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente”

Detalló.

A nivel municipal, las autoridades tienen facultades para clausurar obras y aplicar sanciones por incumplimiento de la normatividad urbana. Por su parte, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) pueden imponer multas y medidas de remediación ambiental en caso de daño al ecosistema.

“En áreas que son de jurisdicción local puede ser de 6 meses a 3 años y multas de 50 a 300 UMAS; en los de jurisdicción nacional de 1 a 5 años y multas de 50 a 500 salarios mínimos”, explicó.

Avitia Beltrán destacó que la situación en el Cerro Colorado requiere coordinación entre autoridades locales, federales y ambientales para garantizar el respeto a la ley y la conservación del área.

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