Se manifiestan por presunto fraude masivo
Un grupo de víctimas se manifestó frente a la Fiscalía General del Estado.
Tijuana, Baja California.- Mónica “N”, acusada de participar en un fraude masivo con criptomonedas que afectó a más de 1.200 personas en México y el sur de California, fue detenida en La Paz, Baja California Sur, informó este jueves la Fiscalía General del Estado (FGE).
El encargado del despacho de la FGE, Miguel Ángel Guerrero Castro, precisó que la captura se realizó el jueves pasado mediante un convenio de colaboración con autoridades de Baja California Sur. La detenida será trasladada a Tijuana para que un juez determine su situación jurídica.
El caso involucra a la empresa High Lever Capital Terablock, con operaciones en México, señalada por operar un sistema piramidal con la criptomoneda USDC desde 2019. Ofrecía rendimientos mensuales de entre el 7 % y el 15 % y pagos adicionales por reclutar a nuevos inversionistas.
Según las víctimas, el fraude ocasionó pérdidas superiores a los 360 millones de dólares, dejando a muchas familias en la quiebra. Fátima Bolaños, una de las afectadas, aseguró que “muchas personas perdieron sus ahorros, hipotecaron viviendas y hasta perdieron la vida por la desesperación generada por el golpe económico”.
Las inversiones se administraban a través de carteras virtuales que mostraban supuestas ganancias derivadas de un algoritmo bursátil. Los retiros se efectuaban en casas de cambio virtuales con comisiones elevadas. En agosto de 2021, los responsables anunciaron una “migración tecnológica” que nunca se concretó y posteriormente desaparecieron.
Bolaños agregó que “el fraude afectó a víctimas en varios estados mexicanos, incluyendo Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora, Jalisco y Ciudad de México, así como en el sur de Estados Unidos, y muchos aún esperan justicia”.
Entre los presuntos responsables figuran Javier Elenes —prófugo en Estados Unidos—, Héctor Torres López, Eglen Lamas, José Chinchila, Bertha Alicia, Juan Diego Vargas, María de Lourdes Molina y Eduardo Fonseca.
El fiscal explicó que “siempre habrá depredadores en este tipo de casos, que mediante engaños retienen lucro indebido”. Añadió que muchas víctimas desconocen “los vicios ocultos que se manejan en esas transacciones” y por ello caen en este tipo de fraudes.
Guerrero Castro añadió que existen otros mandamientos judiciales contra implicados y que se mantienen gestiones a través de autoridades federales con estadounidenses.
El fraude es investigado por delitos que podrían castigarse con penas de entre 4 y 9 años de prisión.
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