Investigan el maltrato animal en Baja California

Tijuana, BC.- Desde agosto de 2024 a la fecha, la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Contra los Animales de Baja California ha judicializado más de 70 carpetas por maltrato animal, según informó su titular, Ilse Carolina Vázquez Maldonado.

Las investigaciones han derivado en la judicialización de más de 100 personas, indicó la fiscal, quien agregó que, aunque no se cuenta con una cifra exacta al momento, sí se tiene certeza del crecimiento sostenido en este tipo de casos.

Precisó que el delito más denunciado actualmente es la omisión en el cuidado de animales, como la falta de agua, espacio adecuado o refugio.

Policiaca

Detienen a sujeto que arrebató la vida a un can en la colonia El Florido

Sin embargo, estas faltas suelen canalizarse a los centros municipales de control animal, pues son de carácter administrativo.

Explicó que, aunque muchos de estos casos no constituyen delitos penales, sí son sancionables por los ayuntamientos, como en el caso de Mexicali y Tijuana, donde sus centros de control animal tienen facultades administrativas.

Vázquez Maldonado apuntó que los delitos que sí competen al Ministerio Público incluyen el maltrato intencional, mutilaciones, tortura, peleas entre animales, por citar algunos, y todos contemplados en el Código Penal del estado.

El número uno de denuncias es el tema de las omisiones, recordemos que el delito es maltrato por el animal al que intencionalmente lesione, mutile, hace actos de zoofilia, torture e realice alguna situación de suministrarle alguna sustancia tóxica”, citó.

Te puede interesar: Cholos regalarán útiles escolares a estudiantes de ‘La Villa’

Además, reconoció que no ha habido amparos interpuestos contra las resoluciones de la Fiscalía en materia de maltrato animal, lo que demuestra aceptación o resignación ante los procedimientos legales emprendidos.

La fiscal detalló que se han registrado 5 casos con prisión preventiva justificada, y aunque no se trata de sentencias definitivas, pero sí de una medida cautelar que se impone al momento de vincular a proceso a los presuntos responsables.

Solo 2 casos han culminado en sentencia mediante procedimiento abreviado, comentó, en parte ya que las penas por estos delitos son de entre tres meses y dos años de prisión, según lo establece la legislación vigente.

Dado que las penas no superan los cuatro años, comentó que el Código Nacional de Procedimientos Penales ha llegado a permitir a los imputados acceder a salidas alternas.

Entre ellos, dijo, están la suspensión condicional del proceso o acuerdos reparatorios con las víctimas.

Resaltó que la mayoría de los procesados elige estas salidas alternas. Al ser dueños de los animales afectados, prefieren resolver mediante reparación del daño en lugar de llegar a juicio, lo que también reduce la carga judicial del sistema.