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384 jóvenes en BC tienen procesos legales por presunta participación en un delito

De acuerdo con las estadísticas, la entidad ocupa el cuarto lugar en México con más menores turnados a la justicia.

384 jóvenes en BC tienen procesos legales por presunta participación en un delito

Tijuana, BC.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal informó que en Baja California a 384 adolescentes se les impuso un proceso legal por su presunta participación en un delito, desde un robo hasta involucrarse con el narcotráfico u otros crímenes contemplados en el fuero común y federal.

De acuerdo a la Estadística Nacional de Adolescentes con medidas cautelares, con medidas de sanción privativas y no privativas de la libertad y suspensión condicional del proceso, del mes de mayo de este año, la Entidad se ubicó el cuarto lugar en México con más menores turnados a la justicia.

Al respecto, María Elena Tablada Gutiérrez, representante en Asuntos Penales del Colegio de Abogados de Tijuana, señaló que lo difícil de representar legalmente a los adolescentes es que los abogados deben ser especialistas en Justicia para Adolescentes para evitar entorpecer el debido proceso.

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Dijo que, con base a la Ley del Sistema Integral Justicia Penal, se establece que la medida de privación de la libertad aplica para las y los adolescentes 14 a 16 años de edad pueden pasar en un centro de internamiento hasta tres años; y los de 16 a menos de 18 años de edad, hasta cinco años.

No se le puede juzgar como un adulto porque el sistema está orientado en la reinserción, no en la retribución y privilegiando siempre la educación, medidas terapéuticas y la reinserción social, con la finalidad de que cuando termine su proceso puedan reingresar o reinsertarse a la sociedad”, explicó la doctora en derecho.

Y ante la notoria presencia de los menores en la delincuencia y la poca comunidad de litigantes especializados en Justicia para Adolescentes, dijo que el reto será para los ministerios públicos y jueces para llevar a cabo el debido proceso, en el cual se deben proteger los derechos de los acusados y víctimas como lo indica la ley.

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