Destaca BC en delito de despojo en el país

Tijuana BC.- Baja California figura entre . estados más afectados por el delito de despojo en México, al registrar mil 383 denuncias durante 2024, lo que la posiciona en el quinto lugar a nivel nacional, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).

El delito de despojo, que ocurre cuando una persona ocupa un inmueble o terreno sin la autorización legal del propietario, ha mantenido una alta incidencia en la entidad durante los últimos años.

Durante 2023, Baja California ocupó el cuarto lugar nacional con mil 582 casos denunciados, solo por debajo del Estado de México, la Ciudad de México y Veracruz.

México

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En lo que va de 2025, de enero a mayo, se han presentado 479 denuncias ante las autoridades estatales por este delito, lo que muestra una persistencia en el problema y plantea desafíos para las instituciones encargadas de la procuración de justicia y el respeto a la propiedad privada.

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Años en resolver

Las víctimas del delito de despojo de vivienda en Baja California pueden esperar hasta tres años para recuperar su patrimonio, advirtió el presidente del Colegio de Abogados de Tijuana, Alexander Francisco Bazán Gómez Llanos.

Explicó que el despojo ocurre cuando una persona toma posesión de un inmueble de forma ilegítima, ya sea mediante actos furtivos o violentos, y en la región, precisó, la mayoría de los casos suceden sin uso de la fuerza.

La mayoría de los casos aquí en Tijuana no son por violencia, sino porque se meten a inmuebles que están desocupados, ya sea porque quien sacó un crédito este dejó de pagarlo y se fue al país vecino o al interior”

Contó.

Ante esta situación, indicó que las víctimas pueden presentar una querella ante el Ministerio Público, que debe abrir una carpeta de investigación, identificar a los ocupantes y acreditar la propiedad legítima del inmueble.

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Vías civiles

En paralelo, señaló que existen dos vías civiles para buscar la restitución de la propiedad, la acción reivindicatoria y la acción plenaria de posesión, ambas con el objetivo de que un juez determine quién tiene el mejor derecho.

Bazán Llanos aclaró que no es indispensable contar con un título de propiedad para ejercer alguno de estos recursos legales, también puede reclamarse la posesión si se tiene un contrato que otorgue derechos sobre el bien.

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No obstante, advirtió que los procedimientos suelen prolongarse por las tácticas dilatorias usadas por las defensas legales de los invasores, lo que entorpece la resolución del conflicto.

“Se vuelve un conflicto de carácter civil y las personas deben emprender una acción civil en contra de invasores, eso puede ser tan tardados como más de 3 años, tanto en lo penal como en lo civil”, indicó.

Asimismo, añadió que el tiempo para resolver depende en gran medida de la estrategia procesal que empleen las partes.

Indivi limitado

Por su parte, el director del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda del Estado (Indivi), Gregorio Saúl Osnaya López, reconoció que la institución tiene una función limitada en estos casos.

“No somos Ministerio Público ni juzgado. Solo intervenimos cuando un predio ya está en proceso de legalización, bajo convenio o mandato del Estado”, explicó, en ámbitos de su competencia.

Afirmó que el Indivi ofrece asesoría puntual a quienes buscan una alternativa de regularización, pero subrayó que el organismo no tiene atribuciones para intervenir en disputas privadas por la posesión de inmuebles.

El director precisó que, sin un antecedente legal o proceso formal de regularización, el instituto no puede participar, incluso si se trata de viviendas ocupadas desde hace muchos años.