Espera el 56% de mujeres presas en BC por sentencia

Tijuana BC.- De las casi 700 mujeres que se encuentran privadas de la libertad en cárceles de Baja California, el 56% de ellas siguen esperando una sentencia final por los delitos por los que se les procesa.

A través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California (Cesispe) informó que al 11 de mayo había 691 mujeres privadas de la libertad en la entidad.

Detalla que 307 ya fueron sentenciadas y 384 solamente se encuentran procesadas a la espera de un veredicto final.

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Mayor número

Tijuana es el municipio que registra el mayo número de mujeres a la espera de sentencia con 212, seguido por Mexicali con 118 y por último, Ensenada con 54.

De acuerdo con la comisión, el delito de homicidio la principal razón por la que mujeres se encuentran privadas de la libertad en Baja California.

En segundo lugar se encuentra el secuestro y en tercer lugar, la portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Algunas mujeres llevan años en un centro de reinserción social a la espera de una sentencia, tal es el caso de una mujer que ingresó hace 7 años acusada de robo a casa habitación, o el de otra mujer que lleva esperando 10 años, acusada del delito de violencia familiar.

Pesada carga

Actualmente en Baja California hay un total de 233 defensores públicos, la carga de trabajo de cada uno de ellos varía de acuerdo al área, pero aquellos que trabajan en materia penal, pueden llevar entre 200 a 300 carpetas por defensor.

“Civil y familiar tienen unas cargas por defensor público aproximado de 100 expedientes por defensor, y en materia penal varía por municipio, pero por lo regular de 200 a 300 carpetas de materia penal por defensor”, informó María Teresa Sierra Suquilvide, directora de la Defensoría Pública del Estado.

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Reveló que la defensoría está haciendo trabajos en jornadas mensuales o semanales, dependiendo de las cargas de trabajo que tienen, en los centros de reinserción social a través de un programa al que han llamado “Justicia por Delante”.

Con este llevan asesoría a las mujeres sobre sus cargos, sin embargo, aclaró que las sentencias es un tema que le compete directamente al Tribunal Superior de Justicia.

Nosotros lo que hacemos es las diligencias pertinentes para que obviamente el proceso lleve su camino de manera ordenada y haciendo la defensa como debe de ser, pero en temas de sentencias las dicta directamente el tribunal”

Expuso.

Sin sentencia

Reconoció que existen procesos que tienen dos años sin una sentencia o hasta más, pero reiteró que cada caso es particular.

Por su parte están realizando las gestiones necesarias para que los asuntos no se queden estacionados/paralizados.

Dando seguimiento a la recomendación 1/2022 de la Comisión de Derechos Humanos, reforzando el número de abogados, incrementándose en un 30% en comparación del año pasado y al término de la administración esperan llegar hasta un 70%.

Los familiares de hombres y mujeres privadas de la libertad que sientan que su caso no está avanzado y sobre representados por el Estado, pueden presentar quejas o ayuda al teléfono 686 904 68 61 o a través del Whatsapp 686 195 70 89.

“Estamos haciendo los trabajos pertinentes para que los defensores independientemente de las carpetas de trabajo que tengan, revisen todos los asuntos y atender a los ciudadanos”, aseguró.

De acuerdo con la Defensoría Pública del Estado, en total son 588 mujeres que se encuentran pendientes de recibir sentencia.

Recomendación

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Miguel Mora Marrufo, recordó que en la recomendación general 01/2022 abordaron este tema sobre los hombres y mujeres privados de la libertad que se encuentran en espera de una sentencia.

Dijo que existe un reto por parte de la Defensoría Pública del Estado para la representación legal y el seguimiento que debe de haber en estos casos y el Poder Judicial necesita avanzar en los casos no judicializados, fortaleciendo el número de jueces para abatir ese rezago.

Durante el año pasado, cuatro mujeres presentaron una queja ante la CEDH que se dolían específicamente del seguimiento a la defensoría y la falta de sentencia.

“A partir de ahí hemos venido abordando y haciendo una investigación específicamente para tener elementos y evidencia de esto. Lo que hemos obtenido del sistema penitenciario es que de las 700 mujeres privadas de la libertad, al menos 350 no tienen una sentencia definitiva”, declaró.

Sin respuesta

Explicó que cuando un juez emite la prisión preventiva es porque existen elementos para que su proceso lo lleve privada de la libertad, sin embargo, esto no significa que el caso debe permanecer sin una respuesta final.

Por lo que en este tipo de casos se está violando la seguridad jurídica, a la que todas las personas tienen derecho.

Consideró que el ejecutivo a través de la defensoría pública necesita fortalecer esta área con un mayor presupuesto y personal para que puedan darles una respuesta a las personas que están privadas de la libertad y aquellos que necesitan la defensa pública y no tienen la posibilidad de tener una defensa privada.

“El gran porcentaje de las personas que se encuentran privadas de la libertad -hombres y mujeres-, la representación la lleva el Estado”, agregó.

Advirtió que de existir mujeres que llevan varios años en prisión sin una sentencia se podría constituir una violación grave a derechos humanos.

Primeros años

La información que tienen hasta el momento es que la mayoría de las mujeres que no tienen sentencia se encuentran dentro del primer, segundo y tercer año de privación de la libertad.

“Lo que más nos preocupa son aquellas personas que ya tienen bastante tiempo esperando una sentencia y que pudieron haber obtenido una libertad en su momento”, manifestó.

Mora Marrufo señaló que esta situación de espera afecta a la persona, sus familiares e inclusive al propio sistema penitenciario.

“¿Cómo puedo hacer mi plan de reinserción social si ni siquiera se cuando voy a salir? También diría un reto para el propio sistema penitenciario, ¿Cómo puedes planear acciones y programas dentro del sistema si no sabes cuanto tiempo vas a tener a las personas privadas de la libertad ahí?, Porque no es lo mismo alguien que va estar ahí dos o tres años, a alguien que va estar mucho tiempo y puede hacer un plan de educativo, puede acceder a estudiar universidad o el trabajo”, puntualizó.

Sentencias sin efecto

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Alejandro Isaac Fregozo López, dijo que la reforma de Derechos Humanos del 2011 dejó sin efecto muchas sentencias, entonces actualmente un gran porcentaje de hombres y mujeres privadas de la libertad se encuentran en espera de un nuevo juicio.

Las personas que fueron detenidas por delitos de alto impacto y sentenciadas antes del año 2016, si hubo alguna irregularidad su caso esté tendrán que volver a realizarse.

Queda nula la sentencia si el abogado que los representó no tenía cédula profesional, tu abogado pericial no estaba ratificado y si la confesión fue obtenida a base de tortura.

“Todos los procedimientos que tienen alguno de estos tres se caen, se cae la sentencia y vuelven a empezar el procedimiento, entonces cerca de un 60% de estas personas que tienen años esperando la sentencia, ya se les dictó sentencia y están esperando una nueva”, reveló.

Razonó que el problema es que estos casos en donde se cometieron delitos de alto impacto las pruebas con las que resolvieron ante los derechos humanos son ilegales entonces esas sentencias en su mayoría van a ser absolutorias.

Deben actuar

La Federación de Abogados en Baja California opinó que son varias las autoridades las que tienen injerencia en este tema por lo que deben actuar y no solo reconocer una problemática.

La presidenta de la federación y abogada, Catalina Salas Bravo, dijo que la primera instancia que debería alzar la voz sobre esta cuestión son las procuradurías de derechos humanos.

“Ellas deberían de ser las primeras en tener una evaluación concreta y exacta de las personas que ya han cumplido sentencia, las que siguen bajo un proceso o inclusive se ha extendido el periodo por el cual pudieron haber sido sentenciadas”, indicó.

Piden revisión

Expresó que con el anterior proceso penal se establecía prácticamente un máximo de dos años y que el periodo que la persona estuviera en prisión preventiva no podía exceder el tiempo por el cual se le acusaba de algún delito.

“Yo creo que es un trabajo de las procuradurías, también de los lugares donde se llevan a cabo estos aislamientos, cuando están sujetos a proceso o que ya están cumpliendo una sentencia, es obligación de los titulares de esas dependencias también evaluar qué personas ya cumplieron, porque es una obligación legal el revisar e incluso de liberar”, añadió.

Inclusive el ejecutivo estatal debe solicitar a los titulares de los Centros de Reinserción Social (Cereso) revisen que ya se hayan cumplido sentencias o si hay personas a las que se les extendió el término por el cual están en una prisión preventiva.

Mientras que los jueces que forman parte del Poder Judicial, aseguró tienen que revisar los casos de las sentencias condenatorias y examinar que ya se cumplió.

“Tenemos un atraso muy grande, en Ensenada solo hay siete mil audiencias pendientes de desahogarse en una primera audiencia. Yo creo que hace falta una agilidad de cada juez”, concluyó.