Señalan tortuguismo en investigación de renta de camiones

El Comité de Organismos Ciudadanos Independientes (COCI) declaró que existe lentitud por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en la denuncia que interpusieron por el arrendamiento de camiones de basura en Tijuana.

El coordinador de Coci, Carlos Atilano Peña, dijo que dicha situación ha provocado que hasta la fecha el alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro no haya justificado ante la procuraduría la razón por la que se tomó la decisión de la renta en lugar de la compra de dichas unidades.

“Ha habido un tortuguismo por parte de la Procuraduría, no se ha actuado con la expeditez que el caso amerita, todo ha sido a impulso de nosotros, el MP no ha hecho diligencias por sí mismo, entonces no queremos pensar mal de que están protegiendo al alcalde por ser del mismo partido”, expresó.

De seguir las cosas de la misma forma, indicó, tomarán medidas como solicitar que envíen el expediente a la Fiscalía Anticorrupción a nivel nacional con la finalidad que sea una instancia ajena la que resuelva el caso.

En tanto, Atilano Peña dijo que esperan que se integre un acta circunstancial derivada de la inspección de las unidades recolectoras de basura para constatar cuáles son los camiones que se rentaron y que correspondan al contrato de arrendamiento por parte del 22 Ayuntamiento de Tijuana.

Reveló que van a promover una prueba pericial para acreditar el daño patrimonial que ha sufrido el Ayuntamiento al estar seguros que existe un daño patrimonial al pagar 202 millones de pesos.

“El importe que va pagar el Ayuntamiento por tres años de arrendamiento representa una erogación mayor y resulta que se van a adquirir 40 unidades por 76 millones de pesos, quiere decir que 125 millones se desperdiciaron”, expresó.

Por ello esperan que ya sean citados a declarar el alcalde Gastélum Buenrostro y todos los funcionarios relacionados para explicar los términos de la contratación, dónde conocieron a la empresa Turbofin, por qué la adjudicación directa y por qué la decisión no pasó por Cabildo.

“Existen elementos de sobra que establecen que hay una responsabilidad penal de los funcionarios que intervinieron para consolidar este tipo de contrato, en detrimento de la ciudad”, puntualizó.