Piden empresarios restringir libertad a presuntos criminales

Prisión preventiva para la posesión de armas es una de las medidas que sugiere el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), manifestó su presidente Kurt Honold Morales, quien señaló que ya se han reunido con el Poder Legislativo de Baja California para que se realice la reforma.

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“Queremos hacer reformas en el Código Penal del Estado para que personas con posesión de armas tengan prisión preventiva como mínimo hasta saber la razón del uso del arma. Si logramos que los legisladores hagan su trabajo rápido, podemos bajar los índices de inseguridad”, comentó.

Ante el desplegado que se publicó entre el CCE y el Consejo de Ciudadanos de Seguridad Pública instando a los jueces de no dejar en libertad criminales, Honold Morales explicó que se debe a que los jueces han dejado salir a presuntos criminales.

En las últimas semanas hemos visto que los jueces han sido muy garantistas, apuntó y recordó el caso de la liberación de una persona que fue detenida por presuntamente participar en el secuestro de un comerciante.

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Para Kurt Honold, el problema que representa la inseguridad en Baja California debe ser atendido de manera conjunta, pero el Poder Judicial tendrá que poner el ejemplo.

“El Ejecutivo es responsable junto con los otros tres niveles de gobierno, la sociedad es responsable, pero el Judicial es muy importante. Si no hacemos cada quien su parte no vamos a terminar este problema tan grande en Baja California”, concluyó.

El secretario de Seguridad Pública Municipal Marco Antonio Sotomayor Amezcua celebró la intervención del Consejo Ciudadano de Seguridad Publica del Estado (CCSPE) respecto al solicitar a los jueces que actúen de forma correcta dejando a los delincuentes en la cárcel.

“La problemática de fondo se está generando porque las personas no se quedan en prisión, es decir, son detenidas pero desafortunadamente no hay prisión preventiva”, manifestó.

Además, que aquellos individuos que son arrestados por situaciones más graves, igual salen libres por lo que consideró que los criterios de los jueces son erróneos y garantistas, situación que provoca una problemática en la ciudad.