‘Privatizan’ accesos a Playas en Rosarito

Rosarito, BC.- Desarrollo inmobiliario, estacionamientos irregulares y una planificación fallida convierten un derecho constitucional en un privilegio cada vez más inalcanzable para los rosaritenses.

Para María Guadalupe Morales Huerta, de 56 años, el mar era la extensión natural de su patio, de niña, corría con sus amigos desde su casa en la colonia Cuenca Díaz ubicada sobre el bulevar Popotla, directamente a la arena.

Ese paisaje de infancia, sin embargo, ha sido reemplazado por un horizonte de construcciones y cercas.

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Antes era nuestro campo de béisbol, nuestro paraíso. Ahora es una playa privada, si los guardias te ven, te sacan de inmediato”

Relata con nostalgia.

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Su historia personal refleja un conflicto que fractura a la comunidad y desafía a las autoridades: la privatización de facto de la costa.

Accesos estrangulados

A finales de 2025, desde el gobierno municipal, Luis González Vergara, entonces secretario de Servicios Urbanos, reconoció que se trata de “es una demanda constante de la comunidad”, y que de acuerdo a su diagnóstico, se identifican dos focos rojos: Los accesos y los estacionamientos.

En la playa de la Zona Centro que es la más grande de Rosarito, la dependencia contabilizó 17 accesos a la playa, la mayoría son simples calles que desembocan en el mar, “muy angostos” y carentes de infraestructura básica, pero solo 13 de ellos cuentan con el permiso de la Semarnat para su mantenimiento por parte del ayuntamiento, y se trabaja en proyectos para dotarlos de baños y estacionamiento para bicicletas, entre otras obras se realizarán.

El problema se agrava con los estacionamientos, “es un tema sumamente fuerte”, afirmó González Vergara, hoy en día, presidente de la Sociedad de Urbanismo de la zona Metropolitana de Tijuana, ya que hasta un 50% opera de manera irregular, particularmente en terrenos baldíos que son aprovechados en días festivos para cobrar tarifas exorbitantes a turistas y residentes, “cobran según la oferta y la demanda” señala, subrayando la ausencia de regulación y control.

Permisividad y desorden

La pregunta es inevitable: ¿Cómo se llegó a este punto? El ex funcionario municipal señala una venta histórica de terrenos aledaños sin una visión urbana que priorizara el acceso público.

“Los fueron vendiendo”, sentencia, y mientras los grandes complejos hoteleros suelen comprender la necesidad de accesos libres, el conflicto estalla en propiedades privadas y casas que limitan con la zona federal.

El caso de Popotla es el ejemplo más claro, allí la ley que exige servidumbres de paso cada cierta distancia fue ignorada por completo.

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“Es un claro ejemplo de que nada de eso se respetó”, confirmó.

Buscan recursos para accesos

En la playa Raul’s el paso se cerró recientemente ya que un particular reclamó su propiedad que servía para ingresar a la playa y aunque en teoría hay un paso de servidumbre, está en acantilado lo que impide la entrada, por ello se buscarán recursos para crear un acceso, explica González Vergara.

Para los ciudadanos, la causa es una sola: la permisividad de la autoridad, “es por la ceguera de los que estaban en el gobierno pues al autorizar, velaban por sus intereses, y el fraccionador también veía los suyos”, opina María Guadalupe.

Su crítica apunta a la falta de voluntad política a lo largo de los años: “no ha habido ningún gobierno que se preocupe por este tipo de problemas”.

Las consecuencias

La falta de accesos ordenados tiene un impacto tangible, ya que en temporada alta de turismo, el centro de Rosarito colapsa, “hasta la propia gente no puede salir”, comenta González Vergara, revelando una consecuencia más grave: “hemos tenido problemas para que entre la Cruz Roja en emergencias, porque las bocacalles están saturadas”.

Para los residentes, la consecuencia es la exclusión pura. “Se supone que las playas son de nosotros, los mexicanos”, reclama María Guadalupe.

“Si vivimos de este lado, ya nos quedamos sin playa... y ni la vista, porque son unos rascacielos” platica.

Este sentimiento de despojo profundiza una fractura social donde el acceso al principal atractivo natural se segmenta por el poder adquisitivo.

Playa Encantada es un paraíso, pero se cerró hace años para la población y se convirtió en una playa privada que solo disfrutan los que pueden pagar un condominio en los complejos habitacionales que se construyeron en los últimos 20 años.

Diagnóstico técnico del colapso

Dalia Ruvalcaba, Directora del Instituto Municipal de Planeación (Implan), explica que parte de este colapso tiene que ver con que el desarrollo ha ido ganando a la planeación y este desfase entre la teoría y los planes han sido un caldo de cultivo para el mercado inmobiliario.

Sin embargo, refiere que se cuenta con programas sectoriales en materia de turismo que tienen la finalidad de impulsar ciertos puntos como el kilómetro 38 conocido por la práctica del surf, hay anteproyectos y se sigue gestionando pero como siempre, faltan recursos.

Comenta que en conjunto con el Fideicomiso Empresarial (Fidem), se avanza en algunos proyectos que forman parte de la cartera que se debe impulsar, como los estudios oceanográficos que permitirán la creación de obras en los accesos a cargo del ayuntamiento, pero sin duda lo más importante es que estos se conserven más allá de los gobiernos en turno y se respeten los accesos al mar en las nuevas construcciones.

¿Y la legislación...?

Una esperanza reciente llegó desde el Congreso de la Unión, donde la Cámara de Diputados aprobó reformas para garantizar la gratuidad y el acceso a las playas, pendientes de ratificación en el Senado. Sin embargo, su aplicación en terrenos ya urbanizados es incierta.

“Lo veo muy difícil”, se lamenta María Guadalupe. “Para empezar, lo que ya es propiedad privada tendrías que expropiarlo... y los gobiernos llegan por tres años. ¿cuánto tarda un trámite de ese tipo?”.

Desde el gobierno municipal, la estrategia se centra en evitar que el problema crezca, Luis González Vergara asegura que están “muy atentos” a los cinco nuevos complejos turísticos proyectados.

Es la oportunidad de hacer historia, que dejen los accesos libres para toda la ciudadanía”

Afirma, para lo ya construido, la solución pasa por negociar con propietarios la cesión de terrenos para crear “ventanas al mar” y gestionar recursos que acondicionen los accesos existentes, una tarea lenta y compleja.

Mientras las autoridades intentan ordenar el presente y planificar el futuro, ciudadanos como María Guadalupe asisten al lento alejamiento del mar de su infancia, ahora oculto tras muros de concreto y conflicto de intereses.

La playa, símbolo de identidad y motor económico de Rosarito, se encuentra en una encrucijada. Su disfrute para las mayorías dependerá no solo de leyes bien intencionadas, sino de una voluntad política constante que priorice el bien público sobre el interés privado, y que logre revertir, o al menos detener, un proceso de privatización que avanza sin pausa.