SCJN da marcha atrás a solicitud aprobada por Cabildo de Rosarito sobre municipalización del agua

Rosarito, BC.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dio marcha atrás a la solicitud aprobada por el Cabildo de Rosarito para que se desestimara la demanda de inconstitucionalidad promovida por la Sindicatura, en el tema de la municipalización del agua.

El documento de la Corte especifica que el Síndico no requiere o necesita autorización previa del Cabildo, ya que el funcionario está facultado para ejercer la representación jurídica del Ayuntamiento en los litigios jurisdiccionales, así como en las negociaciones relativas a la hacienda municipal.

Se acordó no dar entrada a la solicitud de la alcaldesa Araceli Brown, para desistirse de la demanda, ya que ella no tiene la personalidad para representar en este juicio constitucional al municipio.

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Explican los mismos argumentos en la sesión de Cabildo

Al respecto, el síndico José Luis Zazueta, dijo que precisamente esos argumentos se explicaron en la sesión de Cabildo que tuvo lugar el 6 de agosto, cuando se le cuestionaron sus atribuciones para la demanda de inconstitucionalidad, que junto con sus homólogos de Tecate y Mexicali, había presentado días atrás en relación al tema del agua.

Mencionó que fueron horas de discusión, pero el Cabildo aprobó un punto de acuerdo que fue enviado a la SCJN, solicitando que se desestimara la demanda porque la había presentado sin el conocimiento previo de los ediles, quienes no quisieron escuchar que la sindicatura tiene esa facultad.

Zazueta Pérez agregó por otro lado, que la SCJN concedió la suspensión solicitada por los síndicos de Rosarito, Mexicali y Tecate para que se frenara todo lo relacionado a la municipalización del agua, por lo tanto, el gobierno del Estado será quien continúe prestando los servicios de agua a los municipios que interpusieron el recurso de inconstitucionalidad, mientras se resuelve el asunto de fondo.

Asimismo dio a conocer que ya se analiza si la transferencia del agua a Rosarito, está legalmente fundamentada, ya que la sindicatura no firmó ningún documento al respecto y es la figura legal del ayuntamiento.