Exigen que derecho a búsqueda tenga metas y recursos

Ensenada BC.- Tras la aprobación de la reforma al artículo 7 de la Constitución Política del Estado de Baja California, que reconoce el derecho de toda persona a ser buscada por las autoridades en casos de desaparición, la regidora Ana Daniela García Salgado advirtió que sin presupuesto suficiente la medida podría no tener efectos reales.

El punto de acuerdo fue aprobado el viernes 27 de febrero en sesión de cabildo del Ayuntamiento de Ensenada. La edil señaló que durante años han sido las familias quienes encabezan las búsquedas ante la insuficiencia de los mecanismos institucionales.

Indicó que constitucionalizar el derecho obliga a la autoridad a actuar con diligencia reforzada, pero sostuvo que la reforma no contempla una estructura presupuestal suficiente y etiquetada que garantice su implementación.

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Garantía sin recursos

Señaló que una garantía constitucional sin recursos no fortalece comisiones de búsqueda, no amplía la capacidad forense, no profesionaliza ministerios públicos ni mejora bases de datos o tecnología de identificación.

García Salgado agregó que elevar el derecho sin asignación presupuestal puede convertir la reforma en una medida declarativa si no se acompaña de metas medibles y mecanismos de evaluación.

Expuso que en 2024 y 2025 Baja California registró un aumento de 25% en casos de desaparición, ubicándose entre las entidades con mayor incremento.

Prevén continúe tendencia

Añadió que en 2026 se prevé que la tendencia continúe y consideró que la reforma responde a una crisis que no fue contenida oportunamente.

La regidora afirmó que la desaparición de personas es una de las crisis más graves de derechos humanos en el país y que, desde que existen registros oficiales sistematizados, el fenómeno ha mostrado un crecimiento sostenido, con un repunte marcado a partir de 2018.

De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, en los últimos años el promedio anual supera los 100 mil casos acumulados, con más de 10 reportes diarios en 2026 según proyecciones preliminares, lo que —indicó— evidencia que el problema persiste y podría existir subregistro de denuncias.