CCEE exige freno técnico a la Ley de Aguas

Ensenada BC.- En medio del avance legislativo de la nueva Ley General de Aguas, el Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE) advirtió que la iniciativa podría generar afectaciones para productores agrícolas de regiones áridas y de la zona costa de Baja California y decidió sumarse al posicionamiento nacional exigiendo un freno técnico al dictamen.

Julio Salinas López, presidente del CCEE, puntualizó que la postura empresarial coincide con la necesidad de establecer criterios jurídicos y operativos que preserven la continuidad productiva en regiones donde el agua es determinante para la actividad económica.

Señaló que los planteamientos contenidos en el documento advierten que el marco propuesto incorpora disposiciones que generan incertidumbre para los usuarios, entre ellas, la figura de negativa ficta, la cual se aplicaría automáticamente en trámites no resueltos dentro del plazo legal.

Ensenada

CCEE urge replanteamiento operativo ante hechos de alto impacto

Los productores sostienen que esta medida puede paralizar operaciones esenciales como prórrogas, relocalizaciones o cambios de uso”

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Persecución penal de oficio

Salinas López informó que otro punto señalado es la persecución penal de oficio en casos donde existan errores técnicos o administrativos relacionados con infraestructura o cauces.

Los productores argumentan que esta disposición puede convertir operaciones legítimas en procesos judiciales, por lo que solicitan que la vía penal se limite únicamente a conductas dolosas o con daño ambiental comprobado”

Asimismo, comentó que el dictamen otorga a la autoridad amplios márgenes de discrecionalidad para suspender volúmenes o negar prórrogas sin criterios técnicos definidos ni validación de los usuarios.

Según el análisis, el uso de conceptos amplios como “responsabilidad hídrica” o “disponibilidad” puede derivar en decisiones sin sustento verificable”

Estudios técnicos

Añadió que los productores plantean que los estudios técnicos relacionados con disponibilidad y calidad del agua puedan ser certificados por organismos independientes, y no exclusivamente por entidades gubernamentales, ya que consideran que la exclusividad oficial genera un escenario donde la autoridad funge como juez y parte en la verificación.

El líder empresarial cuestionó la rapidez con la que el dictamen ha sido modificado, registrando más de 50 cambios en menos de una semana, los cual limita la revisión técnica, fragmenta la relación entre usos del agua y dificulta la planeación en cuencas con condiciones particulares.

Mencionó que el dictamen establece un régimen uniforme para descargas rurales sin diferenciar escalas, actividades o impactos.

Los productores mencionan que exigir los mismos requisitos a microempresas rurales y a grandes industrias puede desincentivar la formalización, incrementar costos regulatorios y frenar prácticas de reúso adaptadas a zonas áridas”

Desalación y reúso

Salinas López explicó que otro aspecto ausente en el dictamen es el reconocimiento de la desalación y el reúso como componentes estratégicos para la seguridad hídrica en regiones áridas, ya que la ley no define mecanismos para integrar proyectos de desalación a los esquemas de oferta, ni contempla incentivos para el reúso agrícola en zonas con sobreexplotación de acuíferos.

La falta de lineamientos técnicos sobre infraestructura desaladora, inyección de agua tratada o esquemas de mezcla para uso agrícola limita la capacidad de los productores para adaptarse a escenarios de estrés hídrico y restringe alternativas de mitigación ante el cambio climático”

El presidente del CCEE afirmó que el organismo coincide con la necesidad de un proceso legislativo que incorpore criterios técnicos verificables, participación regional y mecanismos claros para la operación cotidiana en entornos agrícolas.