No es lo mismo, pero es igual

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) reconoce la importancia de regular los contenidos violentos en los entornos digitales, pero advierte que el decreto presidencial podría quedarse corto si sólo repite obligaciones que ya existen en la ley. La protección de niños y adolescentes exige más que un anuncio: Requiere que las plataformas asuman responsabilidades concretas y que existan mecanismos para vigilar su cumplimiento, señala el organismo que coordina

Uno de los principales cuestionamientos de Redim es que niños y adolescentes no fueron consultados, pese a que la medida afecta directamente su vida digital.

Protegerlos no significa simplemente restringir el acceso a Internet, las redes sociales o los celulares, refiere, sino garantizar espacios seguros donde se respeten sus derechos y se prevengan las distintas formas de violencia. También le preocupa la falta de claridad sobre qué se considerará contenido violento y los riesgos de verificar la edad mediante datos biométricos, como el reconocimiento facial. A esto se suma la necesidad de atender problemas como la explotación sexual, la trata y el reclutamiento forzado, sin dejar de lado la educación y la prevención.

La advertencia de Redim pone sobre la mesa el reto de fondo: Un decreto no garantiza por sí solo que las infancias estén más seguras en Internet. Sin obligaciones claras para las plataformas, vigilancia efectiva, sanciones por incumplimiento y participación de niños y adolescentes, la medida corre el riesgo de quedarse en el papel.

Tania Ramírez Hernández. AGUAS CON EL AGUA

La falta de agua vuelve a colocar a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe) en el centro de las inconformidades ciudadanas, motivando que habitantes de distintas colonias llamen a manifestarse este lunes 19 de octubre en las oficinas de la paraestatal. No es para menos, en algunos casos aseguran tener más de un mes sin suministro de agua, una situación que se agravó con la inundación de la planta desaladora que, tras el paso de la tormenta Rachel, dejó al 22% de la ciudad sin servicio.

Hace unas semanas, habitantes de la zona noreste enfrentaron una crisis por la falla en uno de los equipos de bombeo de la planta 87 de La Misión, cuya reparación tardó varias semanas debido a que la pieza dañada tardó semanas en llegar.

Ahora, la inundación de la desaladora vuelve a exhibir la vulnerabilidad de la infraestructura hídrica y la necesidad de contar con medidas de prevención que permitan mantener la operación de instalaciones esenciales ante contingencias meteorológicas. En medio de la emergencia, el titular de la Cespe, Alonso Centeno Hernández, señaló que corresponde a la empresa Aguas de Ensenada solucionar el problema, mientras la paraestatal supervisa los trabajos, una postura que deslinda responsabilidades operativas, pero no resuelve la urgencia de los usuarios.

La intervención de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) evidencia la dimensión de una crisis que requiere coordinación efectiva y respuestas oportunas, no explicaciones que trasladen la responsabilidad de una instancia a otra. Además resulta contradictorio que una planta especializada en el manejo del agua haya quedado fuera de operación por una inundación, precisamente cuando Ensenada enfrenta problemas de abastecimiento.

Aunque la tormenta Rachel provocó afectaciones, el daño obliga a revisar si las instalaciones contaban con medidas de protección adecuadas, pues la falta de previsión en una infraestructura de esta importancia termina agravando las consecuencias para los usuarios.