El Silencio que se regula

Ningún régimen que aspira a controlar la información empieza anunciándolo: empieza protegiendo a alguien. En México esa protección tiene nombre: “derecho de las audiencias”. Bajo esa bandera, el gobierno federal puso en consulta pública los lineamientos que obligarán a radiodifusoras y televisoras a publicar un código de ética, nombrar un defensor de audiencias y distinguir entre noticias, opinión y publicidad. Dicho así, suena a sentido común. El problema está en los detalles.

El primer paso del manual es elegir un enemigo que nadie defienda: la desinformación. Los lineamientos garantizan réplica ante información “falsa, descontextualizada o histórica presentada como actual”, pero no dicen quién decide qué es falso y qué simplemente incomoda al poder en turno. Esa ambigüedad no es descuido: es el espacio donde después se cuela la discrecionalidad.

El segundo paso es crear el castigo con apariencia técnica. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones podrá imponer multas de 0.01% a 1% de los ingresos de la concesionaria, sin juicio de por medio. El defensor de audiencias, pensado como filtro independiente, queda sujeto a una instancia que responde al gobierno. La independencia, en el papel, es real; en la cadena de mando, es opcional.

El tercer paso es prometer que esto apenas empieza. Hoy los lineamientos excluyen prensa escrita y redes sociales, pero la Presidencia ya señaló que podrían extenderse, justo cuando la Ley de Telecomunicaciones contempla un artículo sobre plataformas digitales que obligó al gobierno a aclarar que “no censura a nadie”. Cuando una autoridad necesita repetirlo, generalmente es porque alguien, con razones, sospecha lo contrario.

El cuarto paso es el más eficaz: el diálogo como válvula de escape. Ante las críticas de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión y la Alianza de Medios Mx, el gobierno abrió mesas de conversación que calman la indignación sin tocar la arquitectura de fondo. El control mediático exitoso no depende de la censura visible, sino de la autocensura que un periodista se impone cuando no sabe si su nota será calificada de “descontextualizada” por un comité que no eligió.

Este manual ya se usó antes en la región. En Cuba no hubo gradualidad: en 1960 el Estado nacionalizó toda la prensa y desde entonces no existe medio privado legal. Venezuela es el espejo más incómodo, porque sí caminó paso a paso con el mismo lenguaje protector: la Ley Resorte de 2004 se presentó como protección a las audiencias, el regulador CONATEL ganó poder sancionador y en 2007 no renovó la concesión de Radio Caracas Televisión, la señal crítica más vista del país. La ley se amplió después hasta cubrir internet, con figuras tan elásticas como “mensajes que generen zozobra” —no muy distinto de la “información descontextualizada” que hoy se discute en México—.

Ninguna comparación implica que México ya sea Cuba o Venezuela: la alternancia electoral y el pluralismo mediático mexicano siguen siendo, hoy, sustancialmente distintos.

Es justo decir que el gobierno ha negado, con insistencia, cualquier intención de censurar, y que parte de las obligaciones —códigos de ética, accesibilidad, transparencia editorial— son defendibles. La consulta sigue abierta y el texto aún puede corregirse. Ahí está la ventana que no debemos dejar cerrar: exigir precisión jurídica, no buena voluntad. Un manual de control no necesita un dictador que lo firme. Le basta un texto impreciso y una sociedad distraída que no lo lea hasta que sea tarde.

• *- El autor es Doctor en Economía, Maestro en Desarrollo Regional, profesor-investigador en Cetys Universidad.