Siguen del chongo

El conflicto entre el secretario de Seguridad Ciudadana de Rosarito, Héctor Manzo Ruvalcaba, y el síndico procurador Ricardo Bejarano no sólo continúa, sino que escala con cada nuevo intercambio de declaraciones. Lo que inició como una diferencia sobre la reinstalación de policías municipales se ha convertido en un enfrentamiento institucional que amenaza con distraer a ambas dependencias de sus responsabilidades principales. Las más recientes declaraciones de Manzo dejan claro que no piensa ceder. El funcionario rechazó que existan elementos para promover su suspensión y respondió cuestionando el sustento jurídico de las resoluciones emitidas por la Sindicatura, además de señalar el hermetismo con el que, asegura, se manejan cerca de 30 expedientes relacionados con elementos de la corporación. Es una respuesta directa a los señalamientos hechos previamente por Bejarano, quien anunció acciones administrativas en su contra.

Este intercambio evidencia que el diferendo ya rebasó el ámbito técnico y adquirió un tono político. En lugar de que el debate se resuelva mediante los procedimientos administrativos y legales correspondientes, ambas partes mantienen una confrontación pública que prolonga la incertidumbre sobre un tema tan sensible como la permanencia de policías municipales.

Si la Sindicatura afirma que hubo incumplimiento, deberá demostrarlo con expedientes sólidos y resoluciones debidamente fundamentadas. Si el secretario sostiene que las decisiones carecen de sustento, también tendrá que acreditar jurídicamente sus argumentos.

Mientras el conflicto sigue creciendo, Rosarito enfrenta problemas de seguridad que exigen coordinación entre las instituciones, no disputas internas.

CRECE MALESTAR EN UNAM

El creciente descontento por la decisión de la UNAM de reaplicar un examen de admisión ya trascendió las redes sociales y se encamina a las calles.

Aspirantes seleccionados para cursar una licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México convocaron en redes sociales a una marcha para este lunes.

La invitación a la manifestación refleja que el problema dejó de ser únicamente académico para convertirse en una crisis de confianza.

El viernes el Rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, anunció la aplicación de un examen de control y presencial para los aspirantes que presentaron el examen de admisión en línea y obtuvieron los puntajes más altos. La medida, explicó, busca confirmar que los aspirantes cuentan con el perfil adecuado para ingresar a la UNAM.

La UNAM dio el anuncio en respuesta a las recomendaciones de la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026, creada para analizar las irregularidades detectadas durante el examen de ingreso. Los aspirantes sostienen que presentaron el examen bajo las reglas establecidas por la propia universidad y que modificar las condiciones una vez publicados los resultados vulnera la certeza que debe ofrecer la máxima casa de estudios.

Lo preocupante es que la inconformidad siga escalando. Los organizadores de la marcha incluso analizan bloqueos y exigen un diálogo directo con el rector, una muestra de que la comunicación entre la universidad y los aspirantes ha sido insuficiente.

La UNAM ha construido durante décadas su prestigio sobre principios de mérito, equidad y excelencia. Precisamente por ello, cualquier decisión extraordinaria debe estar acompañada de absoluta transparencia y certidumbre jurídica. La legitimidad de las acciones para combatir el fraude dependerá no sólo de sus resultados, sino de la confianza que logren conservar entre quienes sí obtuvieron su lugar de manera legítima.