La cruda realidad

Preocupante que cuatro entidades concentren más de la tercera parte de los feminicidios en el País, lo que enciende los focos rojos sobre la situación que enfrentan las mujeres en Sinaloa, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México, además de lo que pasa en otras entidades.

Aunque se han reforzado programas en los tres niveles de gobierno y se han endurecido las sanciones, aún no son suficientes para frenar la violencia contra las mujeres, que sigue siendo uno de los mayores pendientes en México pues basta ver las cifras oficiales.

En el primer semestre, Sinaloa encabeza la lista tanto en número de casos como en tasa por cada 100 mil mujeres, mientras que municipios como Culiacán reflejan la gravedad del problema.

Más allá de los números, el reto de las autoridades, la sociedad civil organizada y las familias es evitar que esto continúe como parte de la “normalidad” porque pese a la exigencia social, los feminicidios persisten. Para los especialistas y organizaciones defensoras de las mujeres, el combate al feminicidio exige prevención, investigación efectiva, justicia oportuna y políticas públicas más allá de los discursos y que se genere un entorno donde desde niñas, jóvenes y adultas, puedan sentirse seguras.

JALONEO POLÍTICO

Quien decidió romper el silencio fue la alcaldesa de San Quintín, Miriam Cano Núñez. Después de varios meses sin referirse públicamente al caso de su hijo, Erick Ernesto Macip Cano, finalmente abordó el tema durante una transmisión en redes sociales y dejó claro que considera que detrás de las denuncias existe un componente político. La presidenta municipal sostuvo que tanto ella como su hijo han sido denunciados por personas vinculadas al mismo grupo político. Incluso recordó que recientemente volvió a ser señalada por presunta violencia política en razón de género, mientras que su hijo enfrenta cuatro denuncias derivadas de los hechos ocurridos durante las manifestaciones de febrero en el Ayuntamiento de San Quintín.

Más allá de la estrategia de defensa, la declaración deja ver que el conflicto político en San Quintín está lejos de terminar. Las diferencias entre el gobierno municipal y parte del Cabildo siguen escalando y ahora los tribunales tendrán la última palabra. Lo cierto es que cada audiencia y cada resolución seguramente volverán a colocarse en el centro de la discusión pública.

APROVECHADOS

En Tijuana el tema que sigue subiendo es la tarifa del transporte. Aunque el Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) insiste en que no existe autorización para incrementar el pasaje, algunos operadores de la ruta Azul y Blanco ya cobran 20 pesos por viaje.

Los testimonios de usuarios se multiplican y varios aseguran que el aumento comenzó a aplicarse desde principios de julio. Lo curioso es que los operadores remiten las quejas al IMOS o a las empresas concesionarias, mientras el IMOS asegura que realiza operativos y aplica sanciones. En medio de ese intercambio, quienes quedan atrapados son los usuarios, que cada mañana abordan la unidad sin saber si pagarán la tarifa oficial... o la que decida el chofer.

Y mientras las inspecciones llegan, si es que llegan, el aumento parece avanzar unidad por unidad. Al final, el transporte público vuelve a demostrar que, en ocasiones, primero cambian los cobros y después vienen las explicaciones.