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Nada diplomática se vio la imposición de Estados Unidos de un nuevo arancel del 10% a México y a otros 59 países justo en el momento cuando el representante comercial estadounidense, Jaimieson Greer, se reunía en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Aunque Greer llegó en plan de diálogo por las revisiones del T-MEC, el anuncio de la administración del presidente Donald Trump volvió a evidenciar que Washington retoma los aranceles como instrumento de presión contra otras naciones, en esta ocasión el gravamen es contra el trabajo forzoso.

Como ha sido su postura en otras ocasiones, el secretario Marcelo Ebrard, consideró que el impacto de esa medida será limitada ya que cerca del 80% de las exportaciones protegidas por el T-MEC permanecerán exentas.

Sin embargo, lo que explican los analistas es que el mensaje político trasciende el porcentaje afectado, además porque Estados Unidos muestra que la relación comercial seguirá condicionada por decisiones unilaterales y por temas que rebasan el propio tratado.

La presidenta Sheinbaum reiteró ayer que asuntos como el agua o la seguridad se discuten en mesas distintas, pero lo que se advierte es que el Gobierno estadounidense busca incluir todos los expedientes cuando negocia con sus socios.

Para el Gobierno federal y el empresariado, México mantiene ventajas competitivas dentro del T-MEC, pero la incertidumbre persiste.

NO LO SUELTA

Desde que SCORE International, la empresa encargada de organizar carreras “Off Road” en el estado anunció que la edición de este año tendría como sede a Mexicali, el tema dejó de ser deportivo para convertirse en un asunto eminentemente político. Y no precisamente porque la oposición lo haya colocado en la agenda, sino porque el propio gobierno municipal de San Felipe se ha negado a dejarlo ir.

En cada conferencia, cada entrevista y cada posicionamiento parecen regresar al mismo punto: demostrar que la decisión de migrar la Baja 250 hacia Mexicali no fue por culpa del Ayuntamiento de San Felipe. El alcalde José Luis Dagnino López insiste en que la decisión de SCORE obedeció a razones ajenas a su administración. El problema es que mientras más intenta explicar por qué perdió la carrera, más mantiene vivo el tema y los cuestionamientos de la sociedad. En política existe una máxima sencilla: cuando una crisis deja de generar conversación, lo más inteligente suele ser cambiar de tema. En San Felipe ha ocurrido exactamente lo contrario. La discusión sigue girando alrededor de una carrera que ya se fue.

Y, mientras tanto, SCORE ha sido consistente en su explicación. Su director en Baja California, Juan Tintos Funcke, habló de factores económicos, logísticos, operativos, de seguridad y de las condiciones de los caminos. Antes, la organización ya había señalado públicamente los altos costos de la pista, de los hoteles y restaurantes, así como problemas derivados de bloqueos en la ruta.

Jesús Manuel Carrillo Bojórquez, dirigente municipal de Movimiento Ciudadano, acusó falta de oficio político para conservar la carrera. Sin embargo, el propio Alcalde lo responsabiliza de haber encabezado bloqueos en una edición anterior mediante cercos ganaderos y alambre de púas, cuando exigía que representantes de SCORE acudieran a dialogar con él. Son señalamientos que muestran que el conflicto entre la organización y algunos actores locales no comenzó este año. Paradójicamente, Carrillo también es empresario inmobiliario y participa en la renta de condominios y viviendas durante estos eventos. Es decir, la carrera representa beneficios económicos para muchos de quienes hoy protagonizan la discusión pública.

La Baja 250 nunca fue únicamente una competencia automovilística. Es un evento que llena hoteles, restaurantes, gasolineras, comercios y negocios de servicios. Mueve millones de pesos y proyecta internacionalmente al puerto. Perderla significa mucho más que cambiar un punto de salida en el calendario de SCORE. Por eso la decisión tuvo un impacto político inmediato.