Entre todos pagamos la factura de la desconfianza

Cada vez que surge una acusación contra un gobernador, un alcalde, un legislador o un funcionario de alto nivel por presuntos vínculos con el crimen organizado, la conversación pública suele centrarse en nombres, partidos y disputas políticas. Sin embargo, creo que estamos viendo el problema desde el ángulo equivocado.

Lo verdaderamente importante no es quién aparece en los titulares. Lo verdaderamente importante es cómo estas conductas afectan la vida diaria de millones de mexicanos.

Cuando el dinero ilegal entra a las campañas, cuando un funcionario protege intereses criminales o cuando la corrupción se instala en las instituciones, las consecuencias terminan llegando hasta nuestras comunidades. Se reflejan en calles más inseguras, en el crecimiento del narcomenudeo, en negocios que cierran por miedo, en familias que viven con incertidumbre y en jóvenes que encuentran más oportunidades en la delincuencia que en la educación o el trabajo.

Como ciudadanos tenemos razones para estar preocupados. Mientras la violencia sigue cobrando víctimas y las adicciones avanzan entre adolescentes, demasiados políticos parecen más ocupados en cuidar su futuro personal que en resolver los problemas de la gente.

Lo más grave es que la desconfianza se ha vuelto costumbre. Hemos llegado a un punto en el que muchos ciudadanos ya no se preguntan si existe corrupción o infiltración criminal en la política, sino qué tan profunda es.

Por eso cualquier señalamiento serio debe investigarse a fondo, sin importar partidos, amistades o intereses políticos. La justicia no puede depender de quién gobierna ni de quién tiene más poder.

También debemos reconocer una realidad que ya está ocurriendo. Como parte de su estrategia para contener el ingreso de drogas a su territorio, especialmente fentanilo y otras sustancias sintéticas, las autoridades de Estados Unidos han intensificado investigaciones relacionadas con organizaciones criminales, lavado de dinero, redes de corrupción y posibles vínculos con actores políticos mexicanos. Esto ha colocado bajo escrutinio a diversos funcionarios y exfuncionarios, reflejando una presión internacional cada vez mayor para combatir la relación entre crimen organizado, dinero ilícito y poder político.

Algunas acusaciones podrían no sostenerse y otras podrían derivar en responsabilidades legales. Lo importante es que todas sean atendidas con seriedad, transparencia y apego a la ley.

Porque al final del día, el problema no es el escándalo. El problema es el daño que se produce cuando quienes deberían servir a la ciudadanía terminan sirviéndose del poder.

México necesita una regla simple y contundente: quien robó, que devuelva lo robado; quien protegió criminales, que enfrente la justicia; quien utilizó recursos ilícitos para llegar al poder, que pierda el cargo; y quien traicionó la confianza de los ciudadanos, que se vaya.

No se trata de venganza ni de persecuciones políticas. Se trata de recuperar la confianza en las instituciones y exigir a los gobiernos que se concentren en lo esencial: seguridad, educación, desarrollo económico y calidad de vida para las comunidades.

México enfrenta muchos desafíos, pero pocos tan peligrosos como la pérdida de confianza entre gobernantes y gobernados. Cuando la ciudadanía deja de creer en sus instituciones, se debilita la democracia y se fortalece la desesperanza.

A veces pienso en el país que recibirán las nuevas generaciones. Pienso en los jóvenes que estudian, trabajan y buscan abrirse camino en medio de un entorno cada vez más complejo. Pienso en quienes esperan vivir en comunidades más seguras, más ordenadas y con autoridades en las que se pueda confiar.

Ellos son la razón por la que no podemos ser indiferentes. Porque detrás de cada acto de corrupción, de cada peso ilegal que entra a una campaña y de cada funcionario que protege intereses criminales, existe un costo que termina pagando toda la sociedad.

Al final, la discusión no debería centrarse en proteger carreras políticas ni en defender partidos. Debería centrarse en proteger a nuestras comunidades, fortalecer nuestras instituciones y recuperar la confianza en el servicio público. Porque la verdad es que ya hemos pagado demasiado por la corrupción, la impunidad y la complicidad.

Entre todos pagamos la factura de la desconfianza.

*- El autor es un opinólogo tijuanense enamorado de su ciudad.