Impactos ecológicos de la guerra ¿quién los paga?

El principio denominado El que contamina paga fue planteado en 1972 por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y se acordó con la idea de comprometer al responsable de generar contaminación a pagar los daños causados al ambiente. Conformado como política pública, el principio significa que una autoridad determina la cantidad que el infractor debe cubrir para asegurar que el entorno afectado cambie a una condición aceptable. El costo de esta medida debe reflejarse en el costo de bienes y servicios que detonan contaminación durante su producción y consumo; y no debe acompañarse de subsidios que creen distorsiones en comercio e inversión. En ese sentido, el objetivo es internalizar en el generador la carga económica del control, la limpieza y las medidas de protección. La razón es simple: aplicándole un gravamen, se le motiva a tratar sus efluentes, lo que hará en la medida en que los costos del tratamiento sean menores que el importe del gravamen que tendría que pagar si no redujera su dañina actividad.

El principio El que contamina paga surge en un tiempo en que la preocupación ambiental se generalizaba en el mundo. La Cumbre de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada el mismo 1972 en Estocolmo, fue el foro donde se formalizó tal inquietud. Pero esto no nació en un vacío; diez años atrás Rachel Carson advertía, en su libro Primavera Silenciosa, de los peligros del químico conocido como DDT; también en ese entonces se tuvo noticia del uso de otros compuestos mortales, como el Agente Naranja y el Napalm, que Estados Unidos utilizó de manera inmisericorde en Vietnam, antes de ser derrotado estrepitosamente.

Sobre la OCDE sirve decir que está conformada por 38 países, presuntamente los más desarrollados, cuyo fin mayor es, según la propia organización, avanzar políticas en pro del bienestar económico y social de la gente, con sustento en valores compartidos como democracia, derechos humanos y desarrollo sostenible. Estados Unidos, Francia, Reino Unido e Israel son miembros destacados; pero no por sus buenos oficios para promover el bienestar sino por su actitud belicista, que ha causado todo lo contrario. El genocidio cometido por Israel en Gaza, la guerra perdida (una más) del imperio decadente en contra de Irán, o el intervencionismo de Francia y Reino Unido en el conflicto Ucrania-Rusia, dejan una huella terrible de muerte y pérdidas materiales. No solo eso, el daño ambiental causado por esos insensatos es inconmensurable; la afectación no queda confinada en los territorios donde ocurren los conflictos: se dispersa por el planeta y afecta a todos sus habitantes.

Un análisis de la Brown University sobre los enfrentamientos armados detalla que estos abonan significativamente al cambio climático. Que los vehículos militares, aéreos y terrestres, consumen combustibles derivados del petróleo a ritmo excesivo y producen toneladas de monóxido y bióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre. Agrega que los artefactos explosivos contienen sustancias tóxicas, como metales pesados, fósforo blanco, uranio empobrecido y dioxinas, que amén de afectar vidas contaminan suelo, agua y demás recursos naturales.

La pregunta que asoma es si en algún momento esos países se han planteado la obligación de pagar los daños que causan con motivo de sus aberrantes aventuras militares. Como integrantes de la OCDE, no se diga de la comunidad internacional, deberían tener un poquito de vergüenza y hacer honor, al menos por una ocasión, a los compromisos que signan, empezando por retribuir, con intereses, lo que han impactado.

*- El autor es Director General de Asuntos Académicos del Colegio de la Frontera Norte