¿Testigos protegidos?

Si Gerardo Mérida Sánchez llegó o no a Estados Unidos con una supuesta “caja de pruebas”, si colaborará con las autoridades o si sus declaraciones alcanzarán a más personajes, son por ahora especulaciones que crecen con la expectativa que genera el caso en México.

Lo cierto es que el ex secretario de Seguridad del gobernador con licencia Rubén Rocha ya compareció ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York y se declaró no culpable de los cargos que le imputan autoridades estadounidenses; su defensa quedó en manos de Sarah Krissoff, una abogada con experiencia precisamente en esa fiscalía. Mientras que el caso de Enrique Díaz Vega, ex secretario de Finanzas de Rocha y que también se entregó a Estados Unidos, ha desatado versiones de que podrían ser testigos protegidos. Ambos forman parte del grupo de diez ex funcionarios y políticos sinaloenses señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado.

En medio de eso, llamó la atención el mensaje desde Morena, su presidenta Ariadna Montiel, cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que Enrique Inzunza y Juan de Dios Gámez si les interesara la gubernatura de Sinaloa si serían incluidos en la encuesta de Morena y prácticamente cerró la puerta a perfiles con “mala reputación”, lo que pareció advertencia para todos.

A FALTA DE INICIATIVA, ACCIÓN

Tuvo que ser un militar quien terminara encabezando la discusión pública sobre la crisis vial que vive Mexicali. Mientras los accidentes fatales se acumulan semana tras semana y las muertes en calles y carreteras comienzan a normalizarse peligrosamente, fue el secretario de Seguridad

Ciudadana del Estado, Laureano Carrillo Rodríguez, quien decidió convocar a autoridades, académicos, empresarios y escuelas de manejo para intentar construir alguna estrategia preventiva.

Y aunque el esfuerzo llega tarde, al menos alguien entendió que el problema ya dejó de ser estadístico para convertirse en un asunto urgente de seguridad pública.

Lo incómodo es que esa responsabilidad debería recaer naturalmente en la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la autoridad que constitucionalmente tiene a su cargo la prevención de accidentes y el control vial de la ciudad. Sin embargo, la corporación municipal parece haberse resignado a un papel secundario, observando desde lejos una problemática que ocurre literalmente en sus calles. Porque una cosa es “sumarse” a los foros y otra muy distinta encabezar la discusión, construir propuestas y asumir liderazgo institucional. Y ahí es donde aparece el verdadero vacío.

La crisis vial en Mexicali no se resolverá con operativos esporádicos, discursos de ocasión o propuestas simplistas como prohibir vehículos Infiniti, ocurrencia que además exhibe prejuicios sociales más que soluciones técnicas. El problema es mucho más profundo. Abarca desde el exceso de velocidad normalizado, impunidad vial, licencias obtenidas sin preparación real, infraestructura deficiente y una autoridad municipal cuya capacidad de convocatoria y credibilidad atraviesa uno de sus momentos más débiles.

Y eso quizás sea lo más preocupante de todo, que en medio de una emergencia vial creciente, la ciudad parece tener más reacción estatal que liderazgo municipal.