Sobre el alto riesgo de ser extraditado

Las probabilidades de que el actual Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pueda ser extraditado son muchas. No tiene, en contrapartida, un historial limpio que le pueda brindar un apoyo real y efectivo, ni un prestigio político que le libre de ser aprehendido por la justicia mexicana, ser extraditado a los Estados Unidos y sometido a un en ese país, por consiguiente, el riesgo es alto. Rocha Moya tiene en su contra la denuncia de su participación en la reunión donde se dio el secuestro del Mayo Zambada. Ese día participaron agentes de las fuerzas de seguridad pública de nuestro país y estadounidenses. Varias leyes mexicanas federales, estatales y municipales fueron violadas flagrantemente, y nada ha pasado que nos indique que haya una investigación judicial comprometida. Las pataletas que los legisladores mexicanos están dando en sus cámaras se incrementarán, el enojo que han mostrado se profundizará y surgirán algunos niños héroes.

Este gobernador es miembro de Morena y todo indica que su partido se va a gastar hasta lo que no tiene, para entorpecer esta extradición con final obvio. No obstante, no podrán detener las investigaciones si recordamos que estamos ya iniciando las negociaciones del TMEC, con una actitud beligerante y demandante de parte de Donald Trump, que quiere todo en favor de su país. Su principal exigencia es la intervención del ejército estadounidense en territorio mexicano, para atacar a los narcoterroristas, como ha bautizado a los cárteles mexicanos. Claudia Sheinbaum ha siras firme al establecer una y otra vez, que la Constitución Mexicana no permite la intervención de ejércitos extranjeros a combatir en México, y así debe ser. No hay indicios de que exista la propuesta de negociar el ingreso de las fuerzas armadas a territorio mexicano, a cambio de suavizar las negociaciones del tratado. Sin embargo, todos sabemos que van a ser utilizados todos los recursos que tengan, para doblegar las propuestas mexicanas. Hasta el momento Claudia Sheinbaum ha tenido la cabeza fría para enfrentar a Trump, pero los recursos que tiene a su favor se le están acabando. Salir a defender, contra todo, la extradición de Rocha Moya con la enorme cola que va arrastrando, solo conseguiría desprestigiar a la presidenta. Las leyes mexicanas dicen cómo se debe resolver esto. Solo se tiene que darle seguimiento legal y proceder.

Para estas fechas, la presidenta tiene suficientes evidencias de investigaciones hechas en el país, donde se puede abrevar y emitir conclusiones definitivas. Los ciudadanos sinaloenses conocen el historial del gobernador, y muchos de ellos han sido víctimas o testigos, voluntarios o no, de hechos delictivos en los que participó Rocha. La presidenta, con más razón, tiene acceso a datos que le permiten concluir de manera justa, si merece ser extraditado. Si es verdad que pertenece al crimen organizado en cualquiera de sus niveles organizativos, es entonces, un delincuente. Pudiera ser que no haya jalado el gatillo para intimidar, extorsionar o ejecutar a alguna víctima. Sin embargo, al no haber participado en el proceso de las investigaciones, al cerrar los ojos y los oídos y no comprometerse en combatir al crimen organizado como está obligado, se convierte en cómplice y entonces debe ser extraditado.

Tiene la presidenta la oportunidad de dar inicio a la desarticulación de los funcionarios públicos con la delincuencia, y así crear un parteaguas que nos lleve a la gobernabilidad, obligando a los funcionarios públicos electos y designados, a respetar todas y cada una de las leyes que nos hemos dado. Los ciudadanos mexicanos estamos de acuerdo y exigimos que los funcionarios, desde los de primer nivel en adelante, sean fiscalizados en el cumplimiento de las leyes. Que se privilegie el principio de que no hay nadie por encima de la ley. Vale.

*- El autor es licenciado en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.