La campaña la vemos todos; el dinero, no

En México ya no hay que esperar a que inicien los procesos electorales para saber que estamos en campaña. La realidad es otra: las campañas empezaron hace meses —o quizá años— y lo hicieron frente a todos, sin disimulo y, lo más preocupante, sin consecuencia alguna.

El Instituto Nacional Electoral y organismos como el Instituto Estatal Electoral de Baja California han insistido en que no cuentan con herramientas suficientes para sancionar actos anticipados. Que si no hay llamado explícito al voto, que si los tiempos legales no han comenzado, que si la ley no lo permite.

Pero mientras el árbitro explica por qué no puede pitar, el partido ya se está jugando, y con marcador avanzado.

Lo que vemos todos los días en Baja California no deja espacio a la interpretación: espectaculares, bardas, giras, eventos, posicionamiento territorial. Una actividad política constante que poco tiene que ver con gobernar y mucho con competir. No es que no esté ocurriendo una campaña adelantada; es que se decidió no verla como tal.

Y esa omisión tiene consecuencias.

La primera —y más evidente— es que quienes hoy ocupan un cargo público han cambiado de prioridad. Diputados, alcaldes y funcionarios que deberían estar concentrados en resolver problemas concretos hoy están enfocados en hacerse visibles. La lógica es simple: posicionarse vale más que gobernar bien.

Así, mientras la promoción crece, los resultados se rezagan. Las calles siguen deterioradas, los servicios públicos no mejoran y la seguridad continúa siendo una asignatura pendiente. Pero eso sí: la presencia política está en todos lados.

Entramos en una dinámica peligrosa: gobernar estorba y hacer campaña conviene.

Pero hay una segunda pregunta, más incómoda y más importante: ¿quién está pagando todo esto?

Porque sostener una presencia permanente —espectaculares, recorridos, eventos, equipos, materiales, operación territorial— no es barato. Y no, ningún sueldo público —ni de diputado, ni de alcalde, ni de funcionario— alcanza para financiar ese nivel de exposición.

De su sueldo no es.

Entonces, alguien está pagando.

Y si alguien está pagando, la ciudadanía tiene derecho a saber quién y para qué. Porque el problema no es solo que las campañas se hayan adelantado; es con qué recursos lo están haciendo.

La tercera consecuencia es el efecto contagio. Morena marcó el ritmo adelantando sus procesos rumbo a 2027, pero no es el único.

El resto de los partidos, incluido el PAN, ya empezó a moverse en la misma lógica: convocatorias anticipadas, posicionamiento temprano y competencia fuera de los tiempos legales. El resultado es claro: nadie quiere quedarse atrás, aunque eso implique dejar atrás su responsabilidad principal.

Y en medio de todo esto, los ciudadanos quedamos relegados

Mientras la clase política compite, la ciudad espera.

Mientras ellos se promueven, los problemas se acumulan. Mientras las campañas se adelantan, el gobierno se pospone.

Aquí no hay vacío legal; hay vacío de voluntad. Las reglas existen, pero han sido rebasadas por una práctica que se volvió norma ante la pasividad de la autoridad electoral.

Y eso debería preocuparnos más que cualquier elección.

Porque al final, lo más grave no es que las campañas se hayan adelantado.

Lo más grave es que el gobierno se haya pospuesto… otra vez.

*- El autor es un opinólogo tijuanense enamorado de su ciudad.