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Vigilancia de dos vías

Será interesante ver la información que las nuevas cámaras corporales, que desde ayer llevan agentes municipales de Tijuana.

Agua  Caliente

Será interesante ver la información que las nuevas cámaras corporales, que desde ayer llevan agentes municipales de Tijuana, aportarán a la hora de ser utilizadas como elementos de prueba en la resolución de algún caso.

Y es que esta nueva herramienta de seguridad implementada por el 25 Ayuntamiento de Tijuana, a cargo de Ismael Burgueño Ruiz, tiene un doble filo muy claro. Las cámaras podrán ofrecer imágenes del comportamiento de presuntos delincuentes o infractores, pero también podrán hacerlo de la conducta de los propios agentes y su interacción con el entorno al momento de entrar en acción.

Ya en 2017 durante la administración municipal del fallecido Juan Manuel Gastélum Buenrostro, se anunció con bombo y platillo la compra de cámaras corporales. Sin embargo, fueron pocos equipos y no existía un marco legal ni técnico sólido para su utilización.

El resultado fue que las cámaras terminaron guardadas en cajones o se usaron de forma esporádica sin que la evidencia fuera vinculante o accesible para transparencia. Así que en términos de formalidad, esta parece ser la primera vez que el tema se aborda de la manera correcta en Tijuana, haciendo un uso de esta herramienta sobre cimientos legales más firmes, lo que, se espera, permitirá una mayor transparencia en el actuar de la autoridad.

RÁPIDOS Y PELIGROSOS

La decisión del Ayuntamiento de Mexicali, encabezado por Norma Alicia Bustamante Martínez, de decomisar los llamados “autos chocolates deportivos” tras una serie de accidentes fatales en los que se han perdido vidas, abre un debate necesario, pero también incompleto.

La medida parte del argumento de que se trata de vehículos que, en muchos casos, no han sido importados legalmente, no cuentan con placas ni seguro, y son conducidos con frecuencia por personas sin licencia.

Bajo ese criterio, la autoridad tiene sustento para retirarlos de circulación e incluso solicitar la intervención de instancias federales en materia aduanera.

Sin embargo, reducir el problema a la ilegalidad del vehículo es apenas tocar la superficie. La raíz del fenómeno no está en el automóvil, sino en la conducta de quienes lo conducen y en la falta de una estrategia efectiva para contener prácticas de alto riesgo como los arrancones. Apostar únicamente por el decomiso puede generar un efecto inmediato, pero no necesariamente duradero. Quien busca velocidad y adrenalina encontrará otro vehículo para conseguirlo. El trasfondo es social y operativo. Por un lado, existe una cultura de conducción riesgosa que se ha normalizado entre ciertos grupos de jóvenes, y por el otro, persiste una debilidad en la actuación preventiva y reactiva de las corporaciones de seguridad.

Pero también hace falta abrir alternativas, como espacios regulados donde estas actividades puedan realizarse bajo condiciones controladas, con supervisión y medidas de seguridad, propuestas en administraciones anteriores.

Prohibir puede ser un primer paso, pero difícilmente será la solución. El reto está en cambiar conductas, fortalecer la autoridad y ofrecer opciones que canalicen esa energía hacia entornos menos peligrosos. Solo así se podrá aspirar a reducir, de manera real, el número de vidas que hoy se están perdiendo en las calles de la ciudad.

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