Los agravios del congelamiento de cuentas

Recientemente, el combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita se ha convertido en una prioridad legítima del Estado mexicano. Nadie podría oponerse al cierre del paso al crimen organizado y a las prácticas que dañan profundamente la economía formal. Sin embargo, en este esfuerzo, es indispensable no perder de vista un principio fundamental: el respeto al Estado de Derecho.

Desde COPARMEX manifestamos nuestra preocupación ante la práctica del congelamiento de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sin una orden judicial previa. Si bien, esta medida se presenta como una herramienta para prevenir delitos financieros, su aplicación sin controles judiciales suficientes genera riesgos importantes para la certeza jurídica, la actividad empresarial y los derechos fundamentales partiendo de la desconfianza.

El congelamiento de cuentas tiene efectos inmediatos y serios. Para una empresa, implica la imposibilidad de pagar nómina, cumplir con proveedores, cubrir impuestos o simplemente operar. En muchos casos, esas decisiones se ejecutan sin que el afectado tenga conocimiento previo, sin oportunidad de defensa y, lo más preocupante, sin que exista una resolución judicial que determine responsabilidad alguna.

Este tipo de acciones, cuando no están debidamente acotadas, pueden traducirse en sanciones anticipadas. Es decir, en los hechos se castiga antes de probar la culpabilidad. Este enfoque no solo vulnera el principio de presunción de inocencia, sino que también abre la puerta a errores, abusos o decisiones discrecionales que afectan a ciudadanos y empresas que sí cumplen con la ley

Además, el impacto no es menor en términos económicos. La confianza es un activo esencial para la inversión y el desarrollo. Cuando los empresarios perciben que pueden ser sujetos a medidas tan drásticas sin un debido proceso claro, el mensaje que se envía es de incertidumbre. Y en un entorno de incertidumbre, la inversión se detiene, el crecimiento se desacelera y el empleo se ve afectado.

Desde el sector empresarial no pedimos impunidad ni debilitamiento de las instituciones. Todo lo contrario, respaldamos firmemente el combate a la ilegalidad, pero creemos que este debe realizarse con apego estricto a la ley, fortaleciendo los mecanismos de investigación, judicialización y sanción, siempre dentro del marco constitucional.

La solución no es eliminar las facultades de la UIF, sino garantizar que su actuación esté sujeta a controles judiciales efectivos, transparencia y rendición de cuentas. El congelamiento de cuentas debe ser una medida excepcional, justificada y autorizada por un juez, no una herramienta administrativa de uso discrecional.

Durante los últimos años hemos visto que el IMSS y el INFONAVIT han estado inmovilizando cuentas bancarias de los contribuyentes y empresarios por adeudos de cuotas y aportaciones patronales ilegalmente. Con estos precedentes se desataría aún más esa práctica indebida, la cual dificulta aun mas el cumplimiento y detiene la marcha de la empresa formal.

En fin, México necesita instituciones fuertes, pero también confiables. La legalidad no puede ser una víctima colateral en la lucha contra el crimen. Si queremos un país con crecimiento, inversión y desarrollo, debemos asegurar que las reglas del juego sean claras, justas y parejas para todos. Por ello, reiteramos nuestro compromiso con un México donde la justicia y la legalidad vayan de la mano y donde ninguna autoridad esté por encima de ellas.

*- La autora es contadora pública certificada y presidenta de Coparmex Tijuana.