Despropósitos en el poder Judicial de BC

El pasado 20 de marzo, el Poder Judicial del Estado de Baja California, emitió el Acuerdo 07/2026, por medio del cual establece requisitos de especialización profesional para aquellos profesionales que litiguen asuntos donde se encuentren involucrados derechos de niñas, niños y adolescentes. Según el Tribunal, esta medida busca salvaguardar los derechos de los menores y se basa en un artículo emitido por el Congreso de la Unión, donde menciona que, en dicha materia, los derechos de la infancia deben contar con una defensa especializada, sin especificar más.

Que importante que la autoridad busque la profesionalización de los abogados litigantes, sin embargo, ¿dónde queda la capacitación intensiva, constante y necesaria a los impartidores de justicia?, sobre todo, después de las torpes reformas a los poderes judiciales tanto a nivel federal, como estatal, del 2025, que permitieron que los jueces y magistrados fueran electos por su carisma y popularidad en lugar de tomar en cuenta, su experiencia y conocimientos previos, además de que no hubo, previamente, algún proceso de evaluación estricta, exámenes de oposición o por carrera judicial, sino que fueron electos a través del voto ciudadano, el cual apenas llegó al 10 por ciento del listado nominal y en otras entidades, fueron electos, gracias a los famosos acordeones que “sugerían” por quién votar aunque no tuvieran los mínimos conocimientos.

Afortunadamente, en el caso de Baja California, la mayoría de los funcionarios electos ya formaban parte del poder judicial, pero en palabras del propio presidente del tribunal, consignadas en un artículo del Eduardo Villa del semanario Zeta del 8 de septiembre de 2025: “A pregunta de ZETA sobre si los jueces de reciente ingreso se encuentran capacitados en su totalidad, aseguró que en total son 30 los letrados que carecen de experiencia en la impartición de justicia, de los cuales ocho recayeron en los juzgados penales de Mexicali” y añade que: “… “Estamos asignando a los nuevos jueces asuntos menos complejos y apoyándolos con quienes tienen más trayectoria”, sin embargo la nota consigna también un caso suscitado en el Valle de Mexicali, donde se dieron complicaciones en procesos sencillos, como una audiencia de violencia familiar que habitualmente dura una hora, pero que las determinaciones tuvieron que esperar hasta cuatro horas para escuchar una resolución.

Se entiende que la materia familiar reviste mucha importancia, por los niños y jóvenes involucrados, aunque la materia penal es tan o más importante al estar en juego la libertad, o la materia civil al involucrar el patrimonio.

El caso es que antes que pedir una mayor especialización de los litigantes, el poder judicial debería, en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, abrirse al escrutinio público e informar a la sociedad sobre su actuación, así como los cursos de capacitación que constantemente deben tomar sus integrantes, los cuales también deberían incluir materias como psicología infantil y trabajo social, para mejorar la calidad de las resoluciones judiciales, sin olvidar los temas de ética y valores, tan necesarios en nuestra sociedad.

Al respecto vale la pena preguntarse si al exigir una especialización, maestría o doctorado, se garantiza con ello la calidad de la defensa en esta materia. Por eso, en lugar de estar poniendo más trabas a los justiciables deberían pensar en profesionalizar más al personal del poder judicial.

•  *- El autor es asesor empresarial en cabildeo.