Chocan por crisis de desaparecidos

En la política mexicana hay temas que no admiten maquillaje, por más capas de discurso que se les quiera aplicar. El de las desapariciones es uno de ellos. Este jueves, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU pidió llevar el caso de México a la Asamblea General para activar medidas urgentes. No es poca cosa. Es, en términos diplomáticos, una llamada de alerta que pocas veces se emite con tal claridad.

El Gobierno de la presidenta Claudia Shienbaum respondió descalificando el informe de la ONU. Que si está desactualizado, que si se basa en casos de sexenios pasados, que si carece de rigor jurídico. La narrativa oficial insiste en que el país ya no vive una situación sistemática de desapariciones forzadas atribuibles al Estado. Sin embargo, el problema de fondo no desaparece por decreto ni por posicionamiento.

Del otro lado, colectivos y activistas reaccionaron con dureza al hablar de “impunidad sistemática” y de una falta de voluntad política que, aseguran, no distingue entre administraciones. Insistieron en que las desapariciones no sólo continúan, sino que además no se investigan ni se sancionan de manera efectiva. En otras palabras, que el problema sigue vivo y sin respuesta.

El choque de versiones no es nuevo, pero sí cada vez más evidente. Mientras el Gobierno defiende cifras y metodologías, las organizaciones cuestionan cómo se cuentan los desaparecidos y, sobre todo, cómo se les busca. Porque en este tema, los números no son simples estadísticas; son historias inconclusas, familias en espera y expedientes que, en muchos casos, acumulan polvo.

La ONU, por su parte, no está señalando culpables individuales —como el propio Comité aclara—, pero sí advierte que existen indicios de un fenómeno persistente. Ahí es donde el debate se vuelve incómodo. Porque aceptar la dimensión del problema implica también asumir responsabilidades que van más allá del discurso político.

UNA SITUACIÓN DESESPERADA

En paralelo, el mundo arde —literal y figuradamente— en otro frente. El Estrecho de Ormuz, por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo global, se ha convertido en un punto crítico tras la escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán. La comunidad internacional, con Reino Unido a la cabeza, busca salidas que eviten una crisis mayor, mientras los mercados energéticos resienten cada movimiento.

La reunión de estrategas en Londres que se realizará la próxima semana refleja la preocupación global: no sólo está en juego la seguridad de una ruta marítima, sino la estabilidad económica mundial. Y aunque Estados Unidos no figura en ese esfuerzo multilateral, su sombra es inevitable. La presión para que otros países asuman un rol más activo en el conflicto añade otra capa de tensión. Como si hiciera falta más ruido, desde Europa llegan también las críticas. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, no se guardó nada al cuestionar la inconsistencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump, a quien acusa de cambiar de postura prácticamente a diario. El francés pone sobre la mesa un punto delicado: la credibilidad del liderazgo en momentos de crisis.

Porque en política internacional, como en la nacional, la congruencia no es un lujo, es una necesidad. Y cuando esta falta, las consecuencias se multiplican. En el caso de la OTAN, las declaraciones de Trump no sólo generan titulares, sino que erosionan la confianza entre aliados.