Cuando proteger destruye a México

Hay decisiones judiciales que buscan hacer justicia. Y hay otras que, en su intento, terminan desconectadas de la realidad. La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra Grupo Xcaret pertenece, lamentablemente, a la segunda categoría.

El argumento parece correcto: la cultura maya es un patrimonio colectivo y nadie puede usarla sin el consentimiento de “los pueblos mayas”. El problema no es la intención. El problema es que ese criterio, como está planteado, no se puede aplicar.

La pregunta clave sigue sin respuesta: ¿quién es el pueblo maya?

No hay una definición jurídica clara, ni un mecanismo operativo para identificarlo como un solo sujeto. Se habla de cientos o miles de comunidades, pero no existe un referente único que pueda otorgar ese consentimiento. En ese vacío, el estándar que impone la Corte se vuelve imposible de cumplir.

Aun así, la decisión invalida acuerdos como el que Grupo Xcaret había celebrado con el Gran Consejo Maya de Quintana Roo, un organismo que se presenta como representante indígena en la región.

Es decir, incluso cuando existe una contraparte, cuando hay acuerdo y cuando hay compensación, para la Corte no es suficiente

Entonces el problema ya no es la falta de consentimiento. El problema es que ningún consentimiento parece ser válido.

Pero hay un elemento adicional que vuelve esta resolución particularmente cuestionable: llega tarde.

Durante más de tres décadas, el modelo de promoción cultural de Xcaret fue no solo tolerado, sino respaldado por distintos gobiernos. Nadie lo impugnó. Nadie lo frenó. Al contrario: se convirtió en referencia internacional de turismo cultural.

Por eso, la pregunta es inevitable: ¿por qué ahora?

Cuando una decisión de esta magnitud aparece después de 30 años de operación, la discusión deja de ser solo jurídica. También es política. Porque la ley, cuando se aplica de manera tardía y focalizada, inevitablemente levanta dudas sobre su consistencia.

Más aún cuando existe una evidente contradicción.

Mientras se limita a los privados, el propio Estado —a través de proyectos como el Tren Maya— utiliza la simbología, la narrativa y la identidad cultural como parte de su estrategia de promoción. Nombres, marcas y productos forman parte de esa lógica.

Entonces, la pregunta es inevitable: ¿por qué lo público sí y lo privado no?

Ese doble estándar no solo es difícil de justificar, también manda una señal negativa: invertir en la promoción cultural desde lo privado puede volverse incierto.

Y eso tiene consecuencias.

Porque conviene decirlo con claridad: proyectos como los de Grupo Xcaret han contribuido a posicionar la riqueza cultural del mundo maya a nivel internacional. Millones de visitantes no solo llegan, sino que conocen y experimentan esa herencia. Eso genera empleo, inversión y desarrollo en regiones que lo necesitan.

rente a eso, la Corte responde con un criterio que, en la práctica, dificulta que esa cultura se proyecte. El problema de fondo es que se está sustituyendo un modelo imperfecto pero funcional, por uno jurídicamente impecable… pero inviable.

Y en ese tránsito, lo que se pierde es valor.

Valor económico, sí. Pero también valor cultural. Porque una cultura que no se promueve, que no se comparte y que no se integra a la dinámica productiva, corre el riesgo de volverse invisible.

Si utilizar la cultura propia se vuelve jurídicamente incierto, el incentivo será dejar de hacerlo. Y esa es la verdadera paradoja: en nombre de protegerla, se le puede terminar marginando.

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no solo es discutible en lo jurídico. Es una señal preocupante de cómo una mala definición puede traducirse en un mal resultado para el país. Porque proteger no debería significar bloquear.

Y mucho menos cuando ese bloqueo termina afectando el valor, la proyección y las oportunidades de México.

Porque una cultura que no se puede usar, es una cultura que se empieza a perder.

*- El autor es un opinólogo tijuanense enamorado de su ciudad.