El rentable negocio de no pagar impuestos en Tijuana

Hay algo profundamente extraño en la economía de Tijuana: abrir un negocio formal puede ser cada vez más complicado, mientras vender en la calle parece cada vez más sencillo.

Quien decide establecer un comercio formal conoce bien el proceso. Licencias, permisos, inspecciones, reglamentos, pagos y más pagos. Todo forma parte de la lógica de una ciudad que, en teoría, busca orden, legalidad y condiciones parejas para competir

Y en principio está bien que así sea.

El problema empieza cuando uno mira hacia las banquetas.

En varias de las zonas con mayor actividad económica de la ciudad —sobre todo en el primer cuadro y en algunos corredores comerciales— las aceras se han convertido en mercados improvisados. Las pocas zonas peatonales que tiene Tijuana están cada vez más saturadas de puestos ambulantes donde se vende prácticamente de todo: alimentos preparados sin condiciones sanitarias verificables, productos cuya procedencia legal nadie puede asegurar, ropa, electrónicos y mercancía que difícilmente pasaría cualquier revisión formal.

No se trata de descalificar el esfuerzo de quien busca ganarse la vida. El problema es otro: cuando la autoridad establece dos sistemas distintos —uno rígido para el comercio formal y otro extraordinariamente flexible para el informal— el resultado es una economía distorsionada.

Desde hace años organismos empresariales del comercio y del sector restaurantero han advertido sobre el crecimiento desordenado del ambulantaje y la competencia desigual que representa para quienes sí cumplen con regulaciones, permisos e impuestos. El tema aparece de vez en cuando en declaraciones o notas informativas y después, como suele ocurrir en la política local, deja de hablarse de él.

Pero hay una contradicción todavía más evidente: desde el punto de vista fiscal, esta política tampoco tiene demasiado sentido.

El presupuesto municipal de Tijuana para 2026 ronda los 12 mil 700 millones de pesos.

La mayor parte de esos recursos proviene de contribuyentes formales: empresas, comercios establecidos y ciudadanos que pagan predial, licencias, derechos y otros impuestos.

Frente a esa escala de recursos, los ingresos que el propio gobierno municipal presume por permisos del comercio ambulante resultan sorprendentemente pequeños. Incluso considerando la recaudación anual completa, la cifra ronda apenas entre 30 y 32 millones de pesos.

En otras palabras: el municipio obtiene ingresos marginales mientras aumenta la saturación del espacio público, complica la movilidad peatonal y genera competencia desleal para quienes sí cumplen con todas las reglas.

Y hay otra razón que explica por qué esta economía permanece prácticamente fuera del radar fiscal: la enorme mayoría de estas operaciones se realiza exclusivamente en efectivo. No hay facturación, no hay terminales de pago, no hay registros bancarios. Mientras en muchos países —incluso en mercados callejeros de Asia— los vendedores aceptan pagos electrónicos o transferencias que dejan rastro y permiten la fiscalización, en gran parte del ambulantaje local la economía funciona completamente en efectivo. Eso vuelve prácticamente imposible conocer el tamaño real del negocio y, desde luego, cobrar impuestos.

El fenómeno se vuelve todavía más evidente en el caso de los puestos de alimentos. Lo que la regulación contempla como módulos pequeños o carros móviles hoy en muchos casos se ha transformado en instalaciones prácticamente completas: carpas, mesas, planchas, refrigeradores y cilindros de gas ocupando espacios que duplican o triplican el tamaño permitido. Lo que debería ser un puesto ambulante termina funcionando como un restaurante improvisado instalado sobre la banqueta.

Pero el problema ya no es solo económico. También se refleja en la forma en que se vive la ciudad.

Quien camina hoy por el centro de Tijuana, por algunos corredores comerciales o por las zonas de transferencia del transporte público lo puede ver con claridad: banquetas tomadas, accesos saturados, puestos improvisados y espacios públicos cada vez más desordenados.

Las zonas de transferencia del transporte público y las áreas de mayor tránsito peatonal se han convertido en puntos de concentración del ambulantaje. El resultado es una ciudad más caótica, más difícil de caminar y con una imagen cada vez más descuidada

La pregunta de fondo es si el Ayuntamiento realmente está dispuesto a corregir esta distorsión o si seguirá tolerando la expansión del ambulantaje por razones de permisividad política, cálculos electorales o, en el peor de los casos, prácticas de corrupción que todos en la ciudad conocen pero que rara vez se dicen en voz alta.

Porque si algo queda claro al circular por la ciudad es que en Tijuana hay un modelo económico que sí funciona: el rentable negocio de no pagar impuestos. Un modelo que podrá llenar banquetas, pero difícilmente construirá ciudad.

*- El autor es un opinólogo tijuanense enamorado de su ciudad.