Prioridades Reales: Empleo, Seguridad y Movilidad Social

En los últimos meses se ha vuelto debate la posibilidad de una reforma electoral. Sin embargo, cuando observamos la realidad de las empresas, de los trabajadores y de las familias, la pregunta es inevitable:

¿Es hoy la prioridad nacional modificar reglas políticas o resolver las condiciones que permiten trabajar, invertir y vivir con estabilidad?

Como lo comenté en este espacio anteriormente, en Baja California se perdieron más de 34,000 empleos formales de noviembre de 2023 a noviembre de 2025 por muchas razones, entre ellas la incertidumbre creada por el tema de los aranceles.

Por ello coincidimos plenamente con el posicionamiento nacional de COPARMEX: México atraviesa un momento en el que la seguridad y la inversión no solo son temas económicos, sino sociales. Son la base del empleo formal, del crecimiento del capital humano y de la movilidad social.

Porque antes de discutir cómo se compite por el poder, debemos asegurar que existan condiciones para producir, contratar y permanecer en la legalidad. La prioridad es la seguridad para promover y retener el empleo formal.

Cada hecho de violencia no solo afecta a la tranquilidad de una comunidad; afecta la decisión de contratar.

Una empresa que percibe riesgo pospone proyectos de expansión, detiene vacantes, automatiza sus procesos productivos antes de tiempo, o peor aún, se mantiene en la informalidad.

Esto se traduce en menos trabajadores registrados, menos cotización al sistema de seguridad social y, por consecuencia, menor protección para las familias.

La seguridad pública, por tanto, es también política laboral. La inversión sostiene la seguridad social. Frecuentemente hablamos del IMSS o del retiro como si fueran temas administrativos, pero en realidad dependen de una sola variable: empleo formal constante.

Pues no existe sistema de seguridad social sólido sin empresas creciendo, no existe pensión digna sin productividad y no existe movilidad social sin continuidad laboral.

La certidumbre jurídica y la estabilidad institucional son las que permiten que una inversión se convierta en salarios, cotizaciones, vivienda, retiro y bienestar familiar.

Cuando el país envía señales de incertidumbre institucional, el primer efecto no es político: es laboral.

La movilidad social no ocurre por decreto ni por programas temporales. Ocurre cuando una persona puede mantener una trayectoria laboral ascendente dentro de la formalidad.

Un trabajador formal accede a crédito, construye historial, protege a su familia y rompe ciclos intergeneracionales de precariedad.

Por ello, el debate nacional debería concentrarse en cómo ampliar la base de formalidad, no en generar tensiones institucionales que frenen la inversión quela financia.

Las reformas electorales son válidas y necesarias en una democracia cuando nacen del consenso y de la estabilidad. Pero en un entorno de inseguridad, presión económica internacional y revisión de compromisos comerciales, abrir un frente de polarización puede distraer recursos políticos y públicos de los verdaderos desafíos.

Hoy la discusión central no es quién gana elecciones, sino cuántos mexicanos pueden construir un proyecto de vida desde el trabajo formal.

Garantizar seguridad y generar confianza para invertir no es una agenda empresarial: es una agenda social; porque al final, la democracia también se sostiene en algo muy concreto: ciudadanos con empleo, certeza y futuro.

*- La autora es contadora pública certificada y presidenta de Coparmex Tijuana.